La Plataforma por la Honestidad condena la decisión de la Embajada de México de negar asistencia legal y protección consular a Roberto Macías.
La Plataforma por la Honestidad ha pedido al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el cese «inmediato» de Roberta Lajous Vargas, embajadora de ese país en España, así como el de Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, por negar a Roberto Macías, ciudadano mexicano, asistencia legal y protección consular. Macías se enfrenta a una pena de 4 años de prisión y al pago de 60.000 euros por destapar un fraude de presuntas facturas falsas en UGT.
«Queremos exponer el desamparo de este ciudadano mexicano», afirma la plataforma en un comunicado en el que señala que «su comportamiento ejemplar denunciando la corrupción sindical no debería ser motivo de desprecio y abandono por parte de las autoridades» de ese país. Según este colectivo, debería ser al revés. «Más bien, de reconocimiento por contar con un mexicano que es un referente en la lucha contra la corrupción en España«.
Para la Plataforma X la Honestidad se destaca que «resulta inaudito» que Roberto Macias «siga desamparado por su Estado» un año después que la justicia de aquel país le concediera su protección «mediante un amparo que ordenó a las autoridades a emitir un nuevo oficio de contestación a la solicitud y contestarle en sentido positivo».
«Es decir, no sólo que se le brinde asesoría, sino que inclusive se le represente ante los tribunales españoles», explica la plataforma, que insiste en que las autoridades de México «tienen la obligación de asistirle y protegerle desde el momento que se inicia el proceso penal en su contra y no cuando es privado de su libertad». Sin embargo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, recurrió el fallo judicial.
«Es decir, no sólo que se le brinde asesoría, sino que inclusive se le represente ante los tribunales españoles», explica la plataforma, que insiste en que las autoridades de México «tienen la obligación de asistirle y protegerle desde el momento que se inicia el proceso penal en su contra y no cuando es privado de su libertad». Sin embargo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, recurrió el fallo judicial.
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