El enfrentamiento entre Cristina Fernández y el mayor grupo de medios de comunicación de Argentina parece vivir un nuevo capítulo. La compañía Cablevisión, la filial Clarín en el mercado de la televisión de pago, ha sido intervenida por la justicia argentina, debido a unas supuestas irregularidades en torno a la Ley Antimonopolio, por su posición dominante. El enfrentamiento entre Cristina Fernández y el mayor grupo de medios de comunicación de Argentina parece vivir un nuevo capítulo. La compañía Cablevisión, la filial Clarín en el mercado de la televisión de pago, ha sido intervenida por la justicia argentina, debido a unas supuestas irregularidades en torno a la Ley Antimonopolio, por su posición dominante.
La empresa emitió un comunicado informando que “fuerzas de seguridad se encuentran allanando las oficinas de Cablevisión impidiendo el ingreso y egreso de personal de la compañía, ante una supuesta denuncia presentada en la provincia de Mendoza. La Gendarmería tomó el edificio central de la empresa y revisa los bolsos de todo el personal de la compañía».
A la sede de la empresa en Mendoza acudieron más de medio centenar de miembros de la Gendermaría. Desde el Gobierno se justificó su presencia alegando que su tarea es de «apoyo y auxilo de la Justicia». La orden de intervención fue realizada por la jueza de Mendoza Olga Pura de Arrabal, tras la denuncia Supercanal, del grupo Vila-Manzano, que es calificado por el periódico Clarín como “un aliado fundamental del Gobierno y uno de los principales beneficiarios de la pauta oficial”.
En su comunicado Cablevisión cataloga el acto de “un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno realiza a las empresas del Grupo Clarín».
Por su parte, la empresa que denuncia esta situación, Supercanal ha informado, en declaraciones a 24.com que “la empresa Cablevisión fue intervenida esta mañana en relación con graves irregularidades por parte de la distribuidora de cable. Al parecer, la empresa estaría incurriendo en delitos por abuso de posición dominante en el mercado cableoperador».
El diario ‘La nación’ cataloga este hecho como uno más dentro del pulso que mantiene el Gobierno de Cristina Fernández y la empresa argentina, que comenzó en 2008 tras que el ejecutivo denegara una autorización, que había aprobada previamente, para que Cablevisión adquiriera multicanal y convertirse así en el mayor operador de cable de Argentina y a uno de los principales de la región.
Al cierre de esta edición, los gendarmes todavía se encontraban en la sede de la empresa y ni la justicia, ni el Gobierno han realizado ningún tipo de declaración hasta el momento.
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