Nicaragua y Colombia han iniciado hoy en Managua una ronda de negociación con el fin de ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial vigente entre los dos países desde 1984, con el objetivo de afianzar los vínculos comerciales en beneficio mutuo.
Nicaragua y Colombia han iniciado hoy en Managua una ronda de negociación con el fin de ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial vigente entre los dos países desde 1984, con el objetivo de afianzar los vínculos comerciales en beneficio mutuo.
Al respecto, la vicepresidenta Nicaragua, Rosario Murillo, adelantó que una delegación del país suramericano será recibida por la contraparte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
?Esta primera ronda de acercamiento se extenderá hasta el jueves, y en la misma se abordará la posibilidad de ampliar mercados preferenciales para los productos de la oferta exportable de los dos países puntualizó Murillo.
Por su parte, el titular del Mific, Orlando Solórzano, afirmó que la revisión de dicho acuerdo será beneficioso para el país, ya que se podrá acceder a un nuevo mercado e importar maquinaria e insumos para la producción a precios más accesibles.
Solórzano indicó que con la visita de la citada delegación colombiana se da inicio así a un proceso de negociación que llevará varias rondas, tanto en Managua como en Bogotá.
El ministro también refirió que todo ello requiere de tiempo y un análisis profundo, pues se deben seleccionar los productos adecuados, así como consultar a los sectores productivos, ver cuáles son las potencialidades y los requerimientos de materia prima.
Managua y Bogotá han dado pasos concretos para profundizar sus relaciones comerciales desde el pasado año, después de que la Asamblea Nacional -a solicitud del presidente Daniel Ortega- decidiera derogar un impuesto sobre los productos colombianos por considerarse superado el motivo de su origen.
Esa medida, conocida aquí como ‘impuesto patriótico’, se impuso al país suramericano desde 1999, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, y consistía en un impuesto del 35% sobre cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado de procedencia u origen colombiano.
Sin embargo, tras superarse el diferendo territorial entre las dos naciones a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dicha medida impositiva fue finalmente derogada.
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