El presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha propuesto cambiar la estructura mediática de su país y romper el actual oligopolio que domina el sector. El Gobierno pretende elaborar una Ley de Medios para otorgar mayor pluralidad a la televisión, la radio y la prensa. Los analistas consideran que Lula lo va a tener complicado, ya que el Grupo Globo, el cuarto conglomerado de medios de comunicación más grande del mundo, que llega al 99,5% de los brasileños, no va a permitir que sus intereses se vean afectados. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha propuesto cambiar la estructura mediática de su país y romper el actual oligopolio que domina el sector. El Gobierno pretende elaborar una Ley de Medios para otorgar mayor pluralidad a la televisión, la radio y la prensa. Los analistas consideran que Lula lo va a tener complicado, ya que el Grupo Globo, el cuarto conglomerado de medios de comunicación más grande del mundo, que llega al 99,5% de los brasileños, no va a permitir que sus intereses se vean afectados.
La Ley de Medios que existía en Brasil desde la época de la dictadura, que establecía controles de censura para ciertos temas, fue eliminada por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en mayo de 2009. En la actualidad el país carece de una Ley de Medios.
Ahora, Lula da Silva, tiene la posibilidad de establecer una nueva ley que reforme la estructura mediática de Brasil. Sin embargo, los expertos consideran que no tendrá un gran calado, ya que al mandatario brasileño no le interesaría mantener una confrontación directa con los empresarios de la comunicación en un momento en que se acercan las elecciones presidenciales.
Cuando Lula aseguró en diciembre, en la Conferencia Nacional de la Comunicación, que abogaba por un marco legal más democrático, con un nuevo sistema de distribución de licencias que garantizara el pluralismo, las quejas del sector llegaron de inmediato. Los empresarios de los medios acusaron el Gobierno de querer maniatar a los medios independientes y de nacionalizar las comunicaciones.
En la actualidad, media docena de grandes empresas, todas ellas conservadoras, controlan la información que finalmente llegan a los ciudadanos.