Las medidas legales que están tomando los pilotos y otros ex trabajadores de la aerolínea en quiebra Mexicana de Aviación están estrechándose cada vez más en torno a Gastón Azcárraga y el Grupo Posadas, propietarios de la compañía. Con varios litigios abiertos, ahora Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) ha acudido a la Procuraduría General de la República para denunciar a Azcárraga y a Manuel Borja, ex director general de la aerolínea, a los que acusan de haber defraudado al fisco mexicano 400 millones de pesos (24 millones de euros) al haber omitido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esa cantidad, referente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios de los trabajadores de la compañía. Las medidas legales que están tomando los pilotos y otros ex trabajadores de la aerolínea en quiebra Mexicana de Aviación están estrechándose cada vez más en torno a Gastón Azcárraga y el Grupo Posadas, propietarios de la compañía. Con varios litigios abiertos, ahora Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) ha acudido a la Procuraduría General de la República para denunciar a Azcárraga y a Manuel Borja, ex director general de la aerolínea, a los que acusan de haber defraudado al fisco mexicano 400 millones de pesos (24 millones de euros) al haber omitido ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esa cantidad, referente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios de los trabajadores de la compañía.
Según los pilotos, tanto Azcárraga como Borja deberían haber entregado ese montante al fisco en concepto de las retenciones por el Impuesto Sobre la Renta, algo que no hicieron y que terminaron cargando a los propios empleados. La denuncia se une a otra ya presentada por la ASPA en la que acusan a Azcárraga de haber ocultado información sobre la marcha de la aerolínea antes de que quebrara, lo que según sus abogados incumple la Ley del Mercado de Valores.
La estrategia legal que están siguiendo los pilotos se basa en dos artículos de las leyes mexicanas. Concretamente, el 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta afirma que «quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual». Si se demostrara que Azcárraga o Borja incumplieron ese punto, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 109, fracción segunda, reza que «será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien omita enterar a las autoridades fiscales, dentro de un plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado».
Fernando Perfecto, dirigente del sindicato de pilotos, ASPA, ha señalado, tal y como recoge la edición digital del diario Excelsior, que “buscamos que se aplique la ley y que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes con el material que a lo largo de algunos meses hemos reunido para demostrar nuestra denuncia de hechos. Queremos que los inversionistas serios conozcan lo que ha pasado con Mexicana y que se vea que el quebranto que sufre no es culpa de sus trabajadores”.
El Grupo Posadas, dirigido por Gastón Azcárraga, miembro de la poderosa familia mexicana propietaria de Televisa, se encuentra en sus horas más bajas. Hostigado por las denuncias de los pilotos y empleados de la aerolínea -empresa propiedad de la firma que suspendió actividades en agosto de 2010-, por los gastos y problemas de deuda que asedian a la compañía y por otro litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Azcárraga afronta un escenario de cariz negativo que puede agravarse en los próximos meses.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) presentó hace unas semanas ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el Grupo Posadas, del que Azcárraga es dueño, al que acusa de ser responsable directo de la crisis financiera y comercial que atraviesa la aerolínea Mexicana de Aviación. Desde el sindicato, acusan al empresario de haber ocultado información vital que habría podido evitar la caída en desgracia de la compañía aérea, que suspendió toda actividad en agosto de 2010.
La PGR ha aceptado la denuncia y ya ha recogido las pruebas presentadas por la ASPA y sus abogados. Según señalan los expertos, el siguiente paso que tomará el organismo será el de consultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana, con el objetivo de dilucidar si efectivamente Azcárraga ocultó información relevante sobre la marcha de la aerolínea y si por tanto violó la Ley del Mercado de Valores. Mientras, los pilotos preparan pruebas para presentar otras cuatro denuncias contra Azcárraga y su grupo.
En el año 2010, la aerolínea Mexicana de Aviación entró virtualmente en quiebra financiera, y tras una larga agonía en la que el Estado mexicano se negó a rescatar a la empresa, debido a los altos costes en que hubiera tenido que incurrir para hacerlo, declaró la suspensión de toda actividad el 27 de agosto de 2010. Por ahora, no ha aparecido ningún inversor dispuesta a rescatarla.
