La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) argentina ha asegurado que la reforma judicial impulsada por el entorno de la presidenta, Cristina F. de Kirchner, “cercana la independencia de la Justicia”. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) argentina ha asegurado que la reforma judicial impulsada por el entorno de la presidenta, Cristina F. de Kirchner, “cercana la independencia de la Justicia”.
En un documento que ha elaborado dicha organización, los jueces han pedido dar su opinión sobre todo esto en el Congreso, donde lo han presentado los kirchneristas y se han mostrado duros en el escrito.
En uno de los párrafos más contundentes, los jueces han señalado que “en resguardo de la vigencia efectiva de la división de poderes, nos oponemos a los proyectos de reforma tal como han sido presentados ya que en nada contribuyen a la mejora de la Justicia y, por el contrario, cercenan su independencia”.
En los mismos términos, la asociación de magistrados ha mandado una nota al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que será debatida hoy en la Corte por el Máximo Tribunal. Todo esto lo ha recogido el periódico Clarín, gracias a diversas fuentes judiciales.
La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) también ha emitido un comunicado en el que coincide con sus colegas magistrados y ha señalado su “profunda preocupación frente a los proyectos que afecten el papel asignado por la Constitución al máximo tribunal y a todos los tribunales”.
Entre los detalles más polémicos de la propuesta, se encuentra la posible elección popular del consejo de la magistratura y la posibilidad de limitar el recurso de amparo contra la administración pública, que no ha gustado nada a las diversas asociaciones.
A tenor de ello, la AMFJN ha criticado “hacer que los representantes de los jueces y los abogados sean elegidos junto con las listas de partidos políticos en las elecciones presidenciales, pues promueve la politización del Consejo de la Magistratura”.
La entidad ha añadido también que “se pretende sustituir a la Corte Suprema como cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la tarea judicial que a ella y a los tribunales inferiores les corresponde”.
