Los indígenas amenazan los planes de Correa para el petroleo ecuatoriano

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El pueblo kichwa de Sarayaku, al igual que ya hicieron los aymara peruanos bloqueando la frontera con Bolivia, quieren forzar al Gobierno ecuatoriano a que realice una consulta popular antes de otorgar concesiones de explotación petroleras o mineras en su territorio. Su demanda, que ha sido llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega cuando se ha sabido que el país andino ingresará este año 1.200 millones de dólares más que el pasado año por la venta de crudo. El pueblo kichwa de Sarayaku, al igual que ya hicieron los aymara peruanos bloqueando la frontera con Bolivia, quieren forzar al Gobierno ecuatoriano a que realice una consulta popular antes de otorgar concesiones de explotación petroleras o mineras en su territorio. Su demanda, que ha sido llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega cuando se ha sabido que el país andino ingresará este año 1.200 millones de dólares más que el pasado año por la venta de crudo.

Las relaciones del gobierno de Rafael Correa y los indígenas ecuatorianos no es lo buena que se podría esperar. Dichas comunidades, que se ubican en el este del país principalmente, acudieron a votar en masa contra las propuestas planteadas por el ejecutivo en la reciente consulta popular. Ahora, los sarayaku esperan demostrar en la sesión del CIDH «culminante de todo el proceso» los supuestos abusos perpetrados por el Estado desde 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la empresa argentina CGC el derecho a explotar la riqueza petrolera de su tierra sin preguntarles previamente, según dijo a Efe Patricia Gualinga, una de sus líderes.

«Los escritos siguen tildándonos de subversivos, de conflictivos, de todo, entonces eso quiere decir que no ha habido cambios», asegura Gualinda, que compara la situación actual con la vivida durante el anterior gobierno de Lucio Gutiérrez. La Constitución de 2008, impulsada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, es respetuosa con el medio ambiente y reconoce, incluso, los derechos de la naturaleza. El Gobierno ecuatoriano está promoviendo el llamado Yanusi IT, una iniciativa bajo la que el país andino dejaría de explotar sus reservas en una zona de gran importancia natural de la Amazonía a cambio de ayudas internacionales.

Pese a las dudas que puedan surgir en relación a la petición de la comunidad indígena, lo cierto es que Ecuador, según datos que se conocieron ayer, ingresará este año 1.200 millones de dólares más que el pasado en concepto de ventas petroleras. Además de por el alza del precio del crudo, que reportará 400 millones de dólares extra al país, el bruto, 800 millones, vendrán derivados de la renegociación de los contratos petroleros con las empresas internacionales que operan en el país.

«Por la renegociación de los contratos petroleros, solo este año, estamos recibiendo $800 millones que antes iban a los bolsillos de las transnacionales», resaltó Correa en unas declaraciones que recoge el periódico oficial El Ciudadano. A finales del año pasado, Ecuador renegoció sus contratos petroleros con las compañías privadas que, según el nuevo acuerdo, pasaron a recibir una tarifa fija por cada barril bombeado, mientras que el dueño legal del petróleo es el Estado.

Con ello, el alza del crudo repercute en beneficio del Gobierno, lo que le ha supuesto ingresos adicionales con la subida del petróleo en lo que va de año.A finales de 2010 el precio del petróleo rondaba los 90 dólares por barril, mientras que hoy cerró en casi 97 dólares en la bolsa de Nueva York, después de haber superado los 100 dólares en días pasados.

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