El sector del motor ecuatoriano se encuentra en horas bajas. La Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (Aeade) señala que en los cuatro primeros meses del año se han vendido 36.900 vehículos ligeros menos que en abril del año precedente, lo que supone una caída del 10,7%. El sector del motor ecuatoriano se encuentra en horas bajas. La Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (Aeade) señala que en los cuatro primeros meses del año se han vendido 36.900 vehículos ligeros menos que en abril del año precedente, lo que supone una caída del 10,7%.
La situación es complicada, al menos así lo ve la presidenta de Aeade, Gloria Navas, que considera que el descenso de las ventas podría ser mayor porque el límite de unidades posibles para importar bordea las 25.000 o lo que es lo mismo, el 47% menos del cupo de importación de 2014.
Hay varias explicaciones para estas caídas, como las restricciones a las importaciones, que también han golpeado a las ensambladoras. Marcelo Ruiz, director de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) (que incluye a Ómnibus BB, Maresa y Aymesa) ha asegurado que pese a la restricción, la producción de vehículos nacionales aumentó 6% entre enero y marzo de este año respecto al mismo período del 2014. Lo que se explica por los inventarios, que aún son de 2014.
Según El Comercio, la oferta interna seguirá tendiendo a la baja debido a los menores cupos de importación de partes y piezas para el mercado local. Aunque no son los únicos problemas a los que debe enfrentarse, Navas ha considerado que el sector deberá batallar con el nuevo reglamento técnico RTE INEN-034 sobre elementos mínimos de seguridad de los vehículos, expedido por el Ministerio de Industrias y publicado en el Registro Oficial en octubre del año pasado.
Dichas reglas daban un plazo de 180 días para que todos los vehículos nuevos, tanto importados, como del país, incluyan entre otros elementos frenos ABS, protección frontal y lateral y control electrónico de estabilidad. El reglamento, además, ha establecido un plazo de un año para que cada modelo, importado y nacional, sea probado y certificado en laboratorios internacionales según la normativa de seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Cumplir con ello es relativamente complicado porque las fábricas de los vehículos importados han considerado que el proceso llevará más tiempo que el que se ha ofrecido.
