YPF abordará mañana un asunto clave que podría determinar su futuro: el dividendo. La decisión que adopte su consejo podría calmar la guerra abierta que mantiene con el Gobierno de Cristina Fernández. Repsol podría afrontar sin mayores problemas la suspensión temporal de los dividendos de su filial, pero no su socio Enrique Eskenazi, que sin ingresos para saldar sus deudas podría verse obligado a vender sus acciones al Estado. YPF abordará mañana un asunto clave que podría determinar su futuro: el dividendo. La decisión que adopte su consejo podría calmar la guerra abierta que mantiene con el Gobierno de Cristina Fernández. Si la filial de Repsol suspende el dividendo de forma temporal, los Eskenazi tendrían problemas para saldar su deuda con la compañía española, que se vería obligada a provisionar el crédito que concedió a sus socios argentinos para entrar en el capital de la empresa.
El diario oficialista Página 12 asegura este fin de semana que “antes de que llegue el frío -austral, 21 de junio- el Gobierno argentino se propone a retomar el control de YPF”, controlada en el 57% por Repsol y en otro 25% por el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Este medio ha asegurado que lo más probable es que el parlamento declare a la compañía de “utilidad pública” para que luego el Estado lance una OPA hostil.
En el sector apuntan que esta sería una de las medidas más drásticas que podría adoptar el Gobierno de Cristina Fernández, porque al declarar a YPF de “utilidad pública” supondría la práctica nacionalización de la compañía y enviaría una señal de alarma a otros inversores extranjeros en el país. Además, la compra de la participación de Repsol le costaría al Ejecutivo ni más ni menos que 6.100 millones de dólares, una cifra que coincide con la pérdida de valor bursátil de la compañía española desde que estalló el conflicto, según los cálculos de UBS.
La menor alternativa para algunos analistas es interrumpir el pago de dividendos de YPF, al menos de forma temporal, algo que también provocaría problemas al grupo Petersen porque el acuerdo firmado entre ambas partes estaba vinculado a los dividendos: Repsol repartiría el 90% de los beneficios y con este dinero Eskenazi, que en 2008 mantenía excelentes relaciones con los Kirchner (ahora no), podría pagar el crédito contraído con la petrolera española.
Sin dinero para pagar sus deudas, Enrique Eskenazi podría verse obligado a vender su participación al Estado (o a las provincias, que volverían a participar en el capital de la petrolera como sucedía antes de que Repsol se hiciera con su control en 1999).
Precisamente, la Casa Rosada basa todo su acoso a Repsol en el elevado ‘pay out’ de YPF porque considera que tendría que destinar una mayor proporción de sus beneficios a acometer inversiones. Según datos de la compañía, en 2011 realizó inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por más de 3.000 millones de dólares, un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 6.400 millones de dólares, también una marca histórica.
Lo que se juega Repsol
Cualquier empresario con temor al riesgo no iría a Argentina ni a bailar tangos, sobre todo si tiene que enfrentarse a una guerra de desgaste con el Gobierno. Pero para Repsol hacer las maletas y marcharse del país no es una opción.
Repsol valora sus activos en 70.957 millones de euros. De ellos, el 19,7% están en Argentina, (14.037 millones). La compañía que preside Antonio Brufau también ha ofrecido créditos al grupo Petersen (de Enrique Eskenazi), que controla el 25% de YPF. Esta filial, que posee casi la mitad de las reservas de la empresa, controla además el descubrimiento de la historia de la petrolera, realizado a finales del año pasado. Las reservas ya declaradas tendrían un valor potencial de 1.400 millones de dólares, el equivalente al 6% de la actual capitalización de mercado de Repsol.
¿Por qué se queja ahora el Gobierno de Cristina Fernández?
En los últimos años Argentina ha importado petróleo y gas a precios internacionales para satisfacer el consumo doméstico. Mientras tanto, los precios locales de los hidrocarburos, regulados, no guardaban relación alguna con los costes de producción y distribución y aún menos con el de las importaciones. Pero no importaba porque la balanza comercial de la energía ofrecía un saldo positivo y aportaba pingües ingresos fiscales. De hecho, en 2010 hubo un superávit de 2.000 millones de dólares.
Sin embargo, esta política desalentó la exploración y producción de petróleo y gas porque se congelaron las tarifas de electricidad, gas y combustibles líquidos. De este modo, la producción de petróleo y gas cayó, perdiéndose el abastecimiento y teniendo que recurrir a costosas importaciones de combustibles, una situación que se agrava mucho más durante los meses del invierno austral.
Así, la balanza comercial del sector energético arrojó en 2011 un déficit superior a los 3.000 millones de dólares y la previsión para este año es aún más negativa.
