La reforma forestal impulsada por el sector agropecuario brasileño pone en un aprieto a Roussef

Justo en la misma semana en que se han conocido los preocupantes datos de la deforestación que afecta al Mato Grosso brasileño, Dilma Rousseff se encuentra con un nuevo frente abierto en el plano ambiental. El Congreso ha aprobado una reforma del Código Forestal, impulsada por la llamada “bancada ruralista”, que relaja las normas relacionadas con las zonas protegidas y que responde a los deseos de la industria agropecuaria de expandir sus cultivos ante el crecimiento exponencial de la economía brasileña. Rousseff, que había prometido mano dura contra la deforestación, ha anunciado que vetará algunos de los cambios previstos. Justo en la misma semana en que se han conocido los preocupantes datos de la deforestación que afecta al Mato Grosso brasileño, Dilma Rousseff se encuentra con un nuevo frente abierto en el plano ambiental. El Congreso ha aprobado una reforma del Código Forestal, impulsada por la llamada “bancada ruralista”, que relaja las normas relacionadas con las zonas protegidas y que responde a los deseos de la industria agropecuaria de expandir sus cultivos ante el crecimiento exponencial de la economía brasileña. Rousseff, que había prometido mano dura contra la deforestación, ha anunciado que vetará algunos de los cambios previstos.

Lo aprobado por el Congreso supone una reforma del Código Forestal de 1965, y avala la reducción de las zonas protegidas en los márgenes de los ríos de 30 a 15 metros. Hasta ahora, las leyes obligan a los agricultores a mantener una reserva legal de selva en sus tierras, una reserva que varía según la zona entre un 20% (en el sur del país) y un 80% (en la selva amazónica). Sin embargo, la reforma prevé una reducción de esos cupos, lo que ha enfurecido a las asociaciones ecologistas. Por si fuera poco, el proyecto también prevé dar la amnistía a los agricultores que ocuparon tierras de manera ilegal entre 1998 y 2008.

La aprobación de la reforma, que ahora deberá ser tratada en el Senado, pone en un aprieto a Rousseff, que la semana pasada había prometido mano dura con los deforestadotes. Incluso la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciaba la creación de un gabinete de crisis para atajar el proceso de deforestación. “La determinación del Gobierno es atajar con todos los medios a nuestra disposición la destrucción de la Amazonia. Pondremos a actuar hasta al Ejército. Todo el Gobierno federal va a estar concentrado en el combate contra el crimen ambiental”, afirmó Teixeira.

Ahora, el Congreso parece ir justamente en la dirección opuesta, por lo que coloca a Rousseff en una situación complicada. La presidenta brasileña ha anunciado que vetará algunos de los puntos más polémicos, pero la presión de la poderosa industria agropecuaria, representada en el Congreso en la llamada “bancada ruralista”, puede ponerla en problemas en un momento en el que Brasil crece un ritmo muy elevado. La ganadería y los agricultura de productos como la soja son las dos actividades que más presión ejercer sobre la selva amazónica.

Esta misma semana los movimientos ecologistas congregaron en Sao Paolo a un millar de personas para protestar por la posible aprobación de la ley, que finalmente ha salido adelante. A la manifestación acudió la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, quien anunció que prepara una carta de rechazo al proyecto que planea enviar a la presidenta brasileña, Dilma Roussef, con el apoyo de otros ex ministros del mismo campo. El objetivo de Silva: evitar que «los avances de la legislación ambiental de los últimos 20 años sean destruidos», tal y como declaró.

Según los últimos datos, la deforestación de la selva amazónica brasileña del Mato Grosso aumentó en marzo y abril a 593 kilómetros cuadrados, mientras que en el mismo periodo del año pasado lo hizo 103,5 kilómetros cuadrados.

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