Aquiles Martíni, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ha asegurado que los empresarios de la construcción que son detenidos por presuntas estafas, no cuentan con la posibilidad de defenderse y de explicar las causas que presuntamente les llevaron a incumplir acuerdos con compradores de viviendas. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha informado de la detención de 23 personas involucradas en una «masiva estafa inmobiliaria». Aquiles Martíni, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ha asegurado que los empresarios de la construcción que son detenidos por presuntas estafas, no cuentan con la posibilidad de defenderse y de explicar las causas que presuntamente les llevaron a incumplir acuerdos con compradores de viviendas. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha informado de la detención de 23 personas involucradas en una «masiva estafa inmobiliaria».
Después de que se produjeran las detenciones y se emitirán ordenes de captura contra otras 112 por su supuesta implicación en dicha estafa, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se ha quejado del modo en que se realizan las actuaciones judiciales. En declaraciones a la agencia EFE, Aquiles Martíni ha asegurado que «en cualquier estado de derecho existe la presunción de inocencia hasta que se declara la culpabilidad del acusado», para añadir que “no se puede satanizar a todo el sector ni a quienes durante los últimos 50 años han construido el 75 por ciento de las viviendas del país”.
El contexto en el que se produjo la supuesta estafa es, según el representante de los constructores, otra de las cuestiones que se debería tener en cuenta. Según publica EFE, Martini consideró que la Fiscalía debió investigar cuáles fueron las causas que llevaron a tan alto número de constructores y promotores de viviendas a incurrir en los mismos presuntos delitos en el mismo lapso de tiempo antes de tomar medidas tan radicales.
La Fiscalía ha justificado sus actuaciones asegurando que los compradores «estafados» «pagaron precios exorbitantes» por viviendas construidas en terrenos «que ni siquiera eran propiedad» de las inmobiliarias y que estos casos se dieron en casi todo el país. Martini aseguró que la Fiscalía debería revisar si las irregularidades que se les atribuyen a los acusados se debieron a la falta de materiales de construcción o a factores financieros que escaparon a su voluntad.
El sector inmobiliario venezolano se encuentra en el ojo del huracán después de que el Gobierno de Hugo Chávez estableciera como una de sus promesas estrella la construcción de 200.000 viviendas antes de 2012. Estás no son las primeras detenciones relacionadas con presuntas estafas inmobiliarias. El mandatario chavista aun intenta que 33 proyectos de viviendas sean retomados y finalizados después de detener a los constructores y paralizar las obras por presunta estafa.
En su proyecto para finalizar con el “déficit habitacional” que sufre Venezuela, Chávez intenta incluir al sector bancario del país, que ha prometido colaborar con el Estado en la financiación de las nuevas construcciones.
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