Algunos diputados y miembros del sector empresarial de Nicaragua han trasladado su malestar sobre la propuesta de Ley Especial e Integral Contra la Trata de Personas del Gobierno, que propone cobrar dos dólares a los turistas para crear un fondo de prevención. Algunos diputados y miembros del sector empresarial de Nicaragua han trasladado su malestar sobre la propuesta de Ley Especial e Integral Contra la Trata de Personas del Gobierno, que propone cobrar a los turistas dos dólares para crear un fondo de prevención.
Esta nueva tasa se sumaría a los fondos provenientes del Presupuesto General de la República, donaciones y cooperación que ya pagan los turistas y estarían destinados a atender y proteger a víctimas del delito de trata de personas, así como a la investigación de dicho delito.
El impuesto fue introducido el día 26 en la Asamblea Nacional por ocho diputados sandinistas, entre ellos el jefe de la bancada Edwin Castro Rivera y las críticas no se han hecho esperar. El diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, presidente de la Comisión de Turismo en la Asamblea Nacional, se ha manifestado en contra de este cobro porque los turistas “ya pagan por la entrada al país y es suficiente”.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez también difiere de sus compañeros de partido que hicieron la propuesta de ley e indica que no es recomendable hacer dicho cobro. Según comentó Nicaragua “ha escalado con mucho esfuerzo a los primeros puestos como destino turístico y hay que buscar ser más competitivos”.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, ha asegurado que los fondos que se destinen para la prevención, atención y protección a víctimas deben salir del propio Gobierno.
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