Las próximas primarias del 14 de agosto, que servirán para configurar los candidatos a las presidenciales de octubre, suponen un termómetro bastante fiable de la situación política argentina del momento. De ahí que la tensión comience a crecer entre las fuerzas políticas. La oposición a Cristina Fernández, que confía en que la imagen de la presidenta salga debilitada de los comicios, ha acusado a la mandataria de violar la veda electoral que la ley impone en Argentina al utilizar fondos públicos para llevar a cabo actos oficiales que buscan la captación del voto ciudadano. Las próximas primarias del 14 de agosto, que servirán para configurar los candidatos a las presidenciales de octubre, suponen un termómetro bastante fiable de la situación política argentina del momento. De ahí que la tensión comience a crecer entre las fuerzas políticas. La oposición a Cristina Fernández, que confía en que la imagen de la presidenta salga debilitada de los comicios, ha acusado a la mandataria de violar la veda electoral que la ley impone en Argentina al utilizar fondos públicos para llevar a cabo actos oficiales que buscan la captación del voto ciudadano.
El candidato a diputado por la Unión para el Desarrollo Social (UDESO) y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido ha anunciado que presentará acciones legales contra Cristina por haber participado en inauguraciones en la última semana, una acusación a la que se han unido otros miembros de la oposición. Además, el hecho de que la presidenta anunciara un aumento de las pensiones el miércoles no ha hecho más que levantar las iras de sus opositores, que creen que está violando la veda electoral que impide utilizar el poder para captar votos de forma irregular.
Ricardo Alfonsín, candidato a la Casa Rosada por la UDESO y el principal rival de Cristina, se ha unido a la causa de Garrido. «Por pudor, por respeto a la sociedad y a mí mismo yo no utilizaría recursos del Estado, al borde de la ley, para beneficiarme en una campaña», ha declarado, para después afirmar sobre el comportamiento de la presidenta que «no vamos a construir un país con comportamientos avivados; eso no es serio y no genera confianza”.
Según la normativa legal vigente en Argentina en torno a las elecciones primarias, que se celebran por primera vez después de que se implementaran tras una reforma electoral en 2009, «quedan prohibidos durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales». Algo que, según claman sus rivales políticos, Cristina viene incumpliendo periódicamente.
La oposición es consciente de que es su última oportunidad de demostrar que es capaz de enfrentarse a Cristina con posibilidades de vencer. Si la presidenta alcanzara un 45% de los votos, o bien se alzara con la victoria con un 10% de ventaja sobre su segundo competidor, en octubre no haría falta una segunda vuelta, sino que se proclamaría vencedora sin necesidad de un balotaje. Por ello, estas elecciones del 14 de agosto son un buen simulacro de que lo que podría ocurrir dentro de tres meses. De ahí que la tensión y el cruce de acusaciones crezcan según se acerca la fecha clave.
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