El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha presentado hoy, junto al líder sindical de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, el proyecto de la nueva Ley de Pensiones. Entre los modificaciones más importantes, el Gobierno ha realizado cambios en la edad de jubilación, que pasa de 65 a 58 años, o en la gestión de los fondos privados, sobre los que mantendrá una supervisión directa, mientras que ha creado una pensión solidaria para los trabajadores con menos ingresos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha presentado hoy, junto al líder sindical de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, el proyecto de la nueva Ley de Pensiones. Entre los modificaciones más importantes, el Gobierno ha realizado cambios en la edad de jubilación, que pasa de 65 a 58 años, o en la gestión de los fondos privados, sobre los que mantendrá una supervisión directa, mientras que ha creado una pensión solidaria para los trabajadores con menos ingresos.
El proyecto baja la edad de jubilación de 65 a 58 años, lo que ha provocado las críticas de aquellos que consideran que el sistema no será sostenible. Sin embargo, Morales considera que la nueva Ley, que se aprobará a finales de año gracias a la mayoría que el partido oficialista mantiene en el Congreso, es un “regalo de Navidad para los trabajadores” y asegura que será viable gracias a la aportación de un 3% por parte de los empleados.
Las críticas han continuado por parte de quienes creen que esta Ley trata de tapar la deuda que el Gobierno mantiene con las gestoras privadas, la española BBVA y la suiza Zurich Financial Service, de mas de 3.200 millones de dólares (2356 millones de euros). Morales ha informado de la creación de una entidad que controlará la concesión de pensiones como paso previo para estatalizarlas. Por el momento, el sistema permanecerá de la misma manera.
La creación de una pensión solidaria para aquellos que menos cobren, y cuyo dinero debe salir de los aportes los que más sueldo perciben, es otro de los puntos fuertes de la nueva Ley de Pensiones. Las críticas aquí se dirigen hacia el hecho de que el Gobierno no aportará nada a dichas pensiones, mientras que los empresarios aportaran un 3% del sueldo de los trabajadores. Los críticos consideran que esta medida podría incentivar el trabajo sin contrato, informal, fenómeno que se ha convertido en un grave problema para las arcas estatales.
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