El proyecto de despenalización de la marihuana en Uruguay ha pasado del papel a ser aprobado por la cámara de los Diputados. Lo que los medios afines venden como un triunfo del presidente José Mujica, otros lo consideran una victoria de la compañía estadounidense Monsanto. El proyecto de despenalización de la marihuana en Uruguay ha pasado del papel a ser aprobado por la cámara de los Diputados. Lo que los medios afines venden como un triunfo del presidente José Mujica, otros lo consideran una victoria de la compañía estadounidense Monsanto.
Tanto la empresa proveedora de productos agrícolas como la DPA (Drug Pollicy Alliance) llevaban años luchando para que se abriese un mercado regulado para el consumo de marihuana, lo que se ha conseguido en el país latinoamericano.
Aunque no parece que vaya a ser el último país en subirse a este carro, puesto que en Paraguay (principal productor de marihuana de la región y uno de los mayores del mundo) parecen estar mucho más cerca de lo que se admite en los círculos oficiales.
De esto se han hecho eco algunos medios de comunicación, como urgente24.com. Según apunta el diario argentino, la responsabilidad de Monsanto sobre la regulación de la marihuana en Uruguay tiene que ver con los intereses de George Soros, uno de los accionistas más importantes de la compañía estadounidense, que ha impulsado la despenalización de la sustancia en EEUU precisamente a través de la DPA.
La ley de Mujica regula la venta de marihuana en farmacias bajo el control del Estado. Será posible el consumo en los clubes de cultivadores y en los domicilios particulares se podrá tener hasta seis plantas para consumo personal.
Por otro lado, si alguien consume más de lo permitido (está regulado por ley) quedará inscrito en los programas para adictos creados por la salud pública, además habrá campañas publicitarias para desalentar el consumo y materias en los colegios para explicar lo dañino que es el consumo de marihuana.
Tras conocerse la decisión de legalizar la sustancia, uno de los autores de esta ley, Sebastián Sadini (del Movimiento Participación Popular) habló de la necesidad de “regular un mercado que ya existe para alejar a los jóvenes de los puntos de venta de droga, cuidar su salud y buscar alternativas a lo que se venía haciendo hasta ahora”.
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