La Justicia peruana ha condenado al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, a 22 años de prisión por la desaparición forzada de tres personas en 1993, durante el Gobierno del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori. La Justicia peruana ha condenado al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, a 22 años de prisión por la desaparición forzada de tres personas en 1993, durante el Gobierno del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.
La Justicia decidió la misma pena para el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza, y ordenó la captura de un ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, que fue condenado a 15 años de cárcel.
Tras 23 años, la Justicia culpó a esas tres ex autoridades por la desaparición de un profesor y dos estudiantes universitarios, que fueron asesinados y después quemados en un horno del Servicio de Inteligencia Nacional (SIE) en el Cuartel General del Ejército.
La Justicia determinó que el horno tenía la única función de quemar personas y no papeles, como sostuvo la defensa de los condenados, pues el lugar alcanzaba los mil grados de temperatura, lo necesario para calcinar cuerpos humanos.
Además, señaló que Montesinos verificó el funcionamiento del centro de detenidos y desaparecidos que operaba en el sótano del SIE.
La sentencia impuesta a Montesinos y Hermoza no tiene efectos prácticos, pues en el Perú las penas no se acumulan y solo se paga la mayor, que en el caso de ambos es de 25 años de cárcel que pagan desde 2010 por delitos de lesa humanidad.
Según los historiadores, el poder de Montesinos desde el SIN fue tan grande que en realidad en esa década hubo un co-gobierno entre él y Fujimori, que también cumple 25 años de cárcel por delitos de corrupción y contra los derechos humanos.
El caso se conoció públicamente en 2004, tras la publicación del libro ‘Muerte en el Pentagonito’ (como se conoce al cuartel General) del periodista Ricardo Uceda, que reveló el modo de operación de Montesinos y los ex altos mandos militares para desaparecer a quienes se manifestaban en contra del régimen fujimorista (1990-2000).
Los padres de los dos estudiantes afirmaron que los jueces realizaron «un buen trabajo», pero recordaron que hasta ahora no han podido hallar los restos de sus hijos.
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