La Justicia Federal de Mendoza ha designado un interventor por un lapso de un año para analizar el funcionamiento y la documentación de la operadora de televisión Cablevisión, la filial Clarín en el mercado de la televisión de pago, que fue intervenida ayer. La Justicia Federal de Mendoza ha designado un interventor por un lapso de un año para analizar el funcionamiento y la documentación de la operadora de televisión Cablevisión, la filial Clarín en el mercado de la televisión de pago, que fue intervenida ayer.
“La justicia designó a un coadministrador con facultades para analizar toda la documentación de la empresa. La denuncia la hace Supercanal. La convivencia ha quedado trunca, así que vamos a pedir medidas para permitir la intervención”, precisó Ricardo Mastronardi, abogado de Enrique Anzoise, designado interventor de Cablevisión.
Con respecto al rumor que corría entre los empleados de la empresa, de que la intervención podría afectar a los puestos de trabajo, Matronardi lo descartó, señalando que «sería un absurdo pensar en la pérdida de empleo; es una medida que tiende a proteger al consumidor, es una vergüenza que los directivos (de Cablevisión) hayan hecho instalar la idea de pérdida de puestos de trabajo a partir de la intervención”.
Por su parte, el grupo Clarín ha denunciado que el Gobierno de Cristina Fernández está detrás de esta medida judicial contra la operadora de televisión por cable, una de las principales fuentes de ingresos de la firma.
«Es el grupo Vila Manzano, en alianza con el Gobierno. Pretenden que en 60 días Cablevisión deje de operar y se divida la compañía», ha señalado Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión.
El Ejecutivo de Cristina Fernández se ha alejado de este asunto, por catalogarlo como un contencioso judicial entre empresas privadas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ha declarado que «es un disparate pensar que la Gendarmería haya intervenido en el caso por mandato del Gobierno”.
Este problema coincide con que en el Senado está preparando la aprobación de una ley que declara de «interés público» el papel prensa. Éste es producido por Argentina Papel Prensa, una firma controlada por los diarios Clarín con un 49% de las acciones y La Nación con un 22,49% en sociedad con el Estado (28,08%).
