Petróleos Mexicanos, Pemex, se ha hecho esta semana con el 4,6% de Repsol, hasta sumar el 9,4% de las acciones. La operación, que pondrá a la empresa al mando de la petrolera en colaboración con la española Sacyr Vallehermoso, habría costado alrededor de 1.700 millones de dólares, un dinero que la entidad ha tenido que pedir prestado. El Senado mexicano, a demanda de miembros del PRD, PRI y PT, han solicitado un informe que aclare el fuerte endeudamiento, financiado en un 70% por entidades como Inbursa, de Carlos Slim. Petróleos Mexicanos, Pemex, se ha hecho esta semana con el 4,6% de Repsol, hasta sumar el 9,4% de las acciones. La operación, que pondrá a la empresa al mando de la petrolera en colaboración con la española Sacyr Vallehermoso, habría costado alrededor de 1.700 millones de dólares, un dinero que la entidad ha tenido que pedir prestado. El Senado mexicano, a demanda de miembros del PRD, PRI y PT, han solicitado un informe que aclare el fuerte endeudamiento, financiado en un 70% por entidades como Inbursa, de Carlos Slim.
El secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Ernesto Cordero Arroyo, deberá entregar dicho informe en el plazo de cinco días hábiles. Según ha trascendido, el monto de la operación asciende a 1.700 millones de dólares, 1.190 de los cuales devendrían de créditos solicitados por la petrolera estatal mexicana a diferentes entidades. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la Revista Forbes, habría participado en la compra de deuda de la petrolera, que habría tenido una sobresuscripción del 40%
Algunos senadores, principalmente vinculados a partidos de izquierda, consideran que este endeudamiento es ilegal. Es la opinión de Pablo Gómez, senador del PRD, que sostiene que la “el anuncio (de la adquisición) genera serias dudas respecto de la legalidad de la operación de deuda pública externa”. En la misma línea se expresó Ricardo Monreal Ávila, del PT, que considera que la compra del 4,6% de las acciones de la compañía española se realizó “fuera de la rendición de cuentas del Estado mexicano”.
Pemex, junto con la constructora española Sacyr Vallehermoso, están en disposición de retirar de la presidencia de Repsol a Antonio Brufau. En su lugar colocarían, gracias a la sindicación de las acciones de ambas empresas, que sumarían un 29,8% que constituiría la mayoría accionarial, a un director general que defendiese sus intereses. Y es esta internacionalización de Pemex la que ha convencido a otro grupo de senadores a aceptar una presunta ilegalidad.
En este sentido, el senador Rubén Camarillo Ortega, de Acción Nacional, considera que Petróleos Mexicanos “no puede seguir siendo una empresa ratonera que esté sucinta, que esté embebida dentro de las fronteras de este país”. Su opinión coincide con la expresada por el PRI, que en boca de Francisco Labastida Ochoa coincidió en que Pemex “debe extender su área de acción”, porque “podemos ganar, en términos de experiencia tecnológica y asociaciones con otras empresas que le den ventajas”, aunque matizó que “el Senado no puede dejar pasar este tipo de operaciones espontáneas, ni mucho menos con la acumulación de deuda para el pueblo de México sin que se haya revisado”.
Pero las dudas van más allá. Desde el país azteca se ha puesto estos días el acento en las dificultades crediticias por las que pasa Sacyr. Según el diario Milenio, que hace referencia a fuentes internas de Repsol, la pretensión final de la constructora española sería recoger dividendos de Repsol para evitar la bancarrota, ya que arrastra deudas por más de 16.000 millones de dólares.