La Infanta Crisitina y su marido no se han acogido a la amnistía fiscal, según Hacienda

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, no se han acogido a la amnistía fiscal con la que regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, tal y como revelan los datos que en este sentido maneja la Agencia Tributaria. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, no se han acogido a la amnistía fiscal con la que regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, tal y como revelan los datos que en este sentido maneja la Agencia Tributaria.

Según informa Europa Press estos datos reflejan que tampoco lo han hecho el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, ni los excontables y exasesores jurídicos del Instituto Nóos, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, cuñados del exresponsable de la entidad Diego Torres.

Y es que, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, Torres es el único imputado en el marco del caso Nóos que se ha beneficiado hasta el momento de esta medida impulsada por el Gobierno, al regularizar hasta un total de 160.000 euros como persona física a través de una cuenta corriente localizada a su nombre en Luxemburgo.

Se trata de unos datos que Hacienda está pendiente de entregar al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, después de que su titular, José Castro, solicitase a la Agencia Tributaria que compruebe si Urdangarin, la Infanta, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, los excontables de Nóos y las sociedades del conglomerado empresarial investigado habrían procedido a regularizar la situación tributaria de capitales ocultos o evadidos.

Según las mismas fuentes, los investigadores deben ahora determinar si los 160.000 euros regularizados por Torres se encuentran en la cuenta en la que fueron localizados y bloqueados unos 900.000 euros, o si por el contrario se hallan en otra distinta. En caso de que se encuentren en una diferente, desde el Juzgado se prevé librar una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo para investigar la procedencia de los fondos.

Fue a finales del pasado mes de febrero cuando el magistrado atendió la una petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, de que, como medio de prueba, la Agencia Trubutaria acreditase si los imputados se acogieron al Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, que contempla la posibilidad de regularizar los fondos evadidos a cambio de pagar un gravamen especial, quedando así los contribuyentes exonerados de cualquier penalización o sanción.

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