Como parte de la investigación en torno al gigante de la construcción brasileña Odebrecht y que la involucraría en un presunto lavado de dinero tras haber sido acusada de recibir fondos de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.
Como parte de la investigación en torno al gigante de la construcción brasileña Odebrecht, la fiscalía de Perú ha registrado hoy dos locales del principal partido de la oposición peruana poseedor de la mayor bancada en el Congreso del país andino, Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
https://twitter.com/Poder_Judicial_/status/938779496836206592?ref_src=twsrc%5Etfw
El allanamiento y registro fue autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho y la operación tendría que ver con las sospechas en torno a Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, por presunto lavado de dinero tras haber sido acusada de recibir fondos de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.
De hecho, Keiko Fujimori debía presentarse esta mañana en la Fiscalía de Lavado de Activos, ubicada en el Centro de Lima, para responder por la anotación en la que Marcelo Odebrecht, ex ejecutivo de la constructora del mismo nombre, se refiere a ella con la frase ?aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita?.
La reunión que la lideresa de Fuerza Popular iba a manter con el fiscal José Pérez estaba programada para las 10; sin embargo, el allanamiento a estos dos locales de su paritdo provocó que regresase a uno de los imuebles donde habría asisitido al registro.
Dirigentes del partido de Fujimori han rechazado la acción judicial y la han definido como «un agravio al partido». En este sentido, José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, ha señalado en la puerta de uno de los locales intervenidos en Lima que «están buscando algo que no van a encontrar», en referencia a la intervención del Poder Judicial.
Sin embargo, cabe recordar que Odebrecht ha admitido el pago de sobornos para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre el 2005 y el 2014, durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. De hecho, este último está detenido desde junio en el marco de una investigación por supuestamente haber recibido tres millones de dólares para el financiamiento de su campaña electoral del 2011.
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