El caso de corrupción en la empresa estatal Petróleos Brasileños (Petrobras) sigue dando dolores de cabeza a la presidenta Dilma Rousseff. La condena a 19 años a la que se enfrenta Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora con el mismo nombre, le pone las cosas aún más difíciles. El caso de corrupción en la empresa estatal Petróleos Brasileños (Petrobras) sigue dando dolores de cabeza a la presidenta Dilma Rousseff. La condena a 19 años a la que se enfrenta Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora con el mismo nombre, le pone las cosas aún más difíciles.
La Corte Federal brasileña ha condenado al que fuera presidente de la constructora más grande de Latinoamérica, concretamente, a 19 años de prisión y cuatro meses por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. De hecho a Odebrecht se le considera la figura central del sector privado en la trama.
Con esta sentencia y el interrogatorio al que ha sido sometido el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , la presión no hace sino crecer sobre la actual mandataria que desde que empezara la crisis y se diera a conocer la trama corrupta de Petrobras ha perdido prácticamente todo el apoyo de sus compatriotas. Las manifestaciones para pedir su dimisión se repiten cada poco tiempo, la próxima tendrá lugar el próximo domingo 13 de marzo.
Muchos de ellos desconfían del comportamiento de la presidenta en todo el entramado de la petrolera estatal. De hecho, a principios de este mes empresarios de Andrade Gutiérrez , la segunda constructora más grande del país, confesaron que la empresa depositó 2,5 millones de modo ilegal para financiar la campaña electoral de la mandataria en 2010.
Delcídio Amaral, senador del Partido de los Trabajadores (PT), al que también pertenecen Lula y Rousseff ha estado de acuerdo con ellos y ha firmado una confesión en la que asegura que ambos conocían las irregularidades de Petrobras y se beneficiaban de ella, aunque no fuera de modo directo. La trama supone la firma contratos millonarios con importantes constructoras del país que se inflaban y acababan usándose para financiar a políticos brasileños y empresarios.
Aunque no es el único problema al que debe hacer frente la líder del PT. Hace unos meses el Tribunal de Cuentas aconsejó al Parlamento rechazar las cuentas de 2014 del Gobierno de Rousseff, lo que se ha traducido en un juicio político por parte de la oposición, que vuelve a la palestra una y otra vez y que todo lo ocurrido en los últimos días en relación al caso Petrobras resucitará de nuevo.
Teniendo en cuenta que las críticas que recibe casi a diario la mandataria en el Congreso, no es de extrañar que la crisis económica de Brasil siga su camino, inexorable. Son muy pocos los que confían en Rousseff, ni la oposición ni los que antes fueran sus apoyos en la cámara secundan ninguna de las medidas que propone el Gobierno, lo que se traduce en una parálisis que impide que se recupere la economía.
Poco puede hacer el Ejecutivo, pues necesita el apoyo del Congreso para sacar adelante sus propuestas.
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