La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy un acuerdo en el que declara la ruptura del hilo constitucional y acusó al presidente Nicolás Maduro de promover un golpe de Estado contra el derecho electoral del pueblo por la suspensión de un referéndum presidencial. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy un acuerdo en el que declara la ruptura del hilo constitucional y acusó al presidente Nicolás Maduro de promover un golpe de Estado contra el derecho electoral del pueblo por la suspensión de un referéndum presidencial.
El acuerdo -que señala que al suspenderse el referéndum contra Maduro por órdenes de tribunales penales se les arrebató a los venezolanos el derecho a revocar el mandato del Gobierno mediante los votos- puso al rojo vivo la confrontación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo, la declaración advierte sobre la presunta doble nacionalidad de Maduro, de quien algunas investigaciones señalan que nació en Colombia.
El pronunciamiento fue votado poco después que la sesión especial fuera interrumpida por la irrupción en el edificio legislativo de grupos de simpatizantes del Gobierno.
La declaración «por la restitución del orden constitucional» sorprendió a Maduro en Arabia Saudí, en el curso de una gira para buscar acuerdos con el fin de recuperar el precio del barril petrolero, y para cuya ausencia no solicitó autorización legislativa.
El texto indica que el jueves pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente «arrebatarle el derecho a los venezolanos de revocar» al Gobierno, «comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación».
Recordó que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del presidente Maduro, la cual «debe concluir a la brevedad».
Asimismo, señaló que Maduro «ha participado en la ruptura del orden constitucional y que existen fundadas razones para asumir que ha abandonado sus responsabilidades como presidente».
«La cámara acuerda declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado del régimen de Maduro en contra de la Constitución y el pueblo venezolano», indica.
Asimismo, llamó a la comunidad internacional a activar «todos» los mecanismos necesarios para «garantizar los derechos del pueblo, en especial el derecho a la democracia».
También anunció que llevará a la Corte Penal Internacional y otros organismos las denuncias contra jueces y rectoras del CNE responsables de la suspensión del referéndum contra Maduro.
«Acuerda exigir a la Fuerza Armada no obedecer ni ejecutar ningún acto contrario a los principios constitucionales que menoscaben los derechos del pueblo de Venezuela, emanados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral», indicó.
Igualmente, designó una comisión legislativa para definir los mecanismos para restituir el orden constitucional.
El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, propuso la declaración en la que pidió proclamar la rebelión de la Asamblea Nacional tras la ruptura constitucional.
«En Venezuela se ha venido dando un golpe de Estado continuado y que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo revocatorio», señaló.
El CNE decidió suspender el referéndum cuando la oposición se preparaba para recolectar la próxima semana al menos cuatro millones de firmas de electores, o 20 por ciento del padrón electoral, para activar la consulta.
El ente electoral dijo que acataba la orden de varios tribunales penales que admitieron las denuncias de un supuesto fraude de la oposición con las firmas recolectadas y validadas entre abril y junio para solicitar el referéndum.
Los diputados acusaron a las rectoras del CNE de parcialidad política para favorecer al Gobierno. Igualmente dijeron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un defensor de Maduro.
Antes de votarse la declaración, simpatizantes del Gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo, interrumpiendo la sesión con gritos contra la oposición.
La irrupción en los jardines del edificio provocó un tumulto que paralizó la sesión cuando el primer vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, elaboraba un duro discurso contra el Gobierno.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allpup, calificó de «delictiva» la entrada de personas ajenas a la Asamblea y exigió que fueran desalojadas del edificio.
Algunos lograron ingresar a la cámara y ocupar tribunas destinadas para el público, por lo que Ramos ordenó que fueran desalojados.
Los chavistas entraron en el edificio gritando consignas contra la oposición y a favor del Gobierno de Maduro. Muchos de ellos llevaban camisetas rojas, el símbolo del partido oficialista.
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