“El sistema bancario de Guatemala continúa estable, sólido y solvente, tal y como reconocen calificadoras de riesgo y organismos financieros internacionales”, destaca hoy en su página digital la Superintendencia de Bancos (SIB). “El sistema bancario de Guatemala continúa estable, sólido y solvente, tal y como reconocen calificadoras de riesgo y organismos financieros internacionales”, destaca hoy en su página digital la Superintendencia de Bancos (SIB).
El titular de la SIB, José Alejandro Arévalo, descartó que las diligencias relativas al proceso penal abierto por la cooptación del Estado hayan impactado a las entidades financieras en el país, según la publicación.
«Hay que diferenciar entre las personas y las instituciones», declaró el superintendente y explicó que “la Intendencia de Verificación Especial colaboró con el Ministerio Público (MP) al entregar el resultado del análisis de la información sobre los flujos del dinero y otra que le fue requerida en ese caso”.
Arévalo informó, además, que las dos entidades bancarias mencionadas en este caso –Banco G&T Continental y Banco de Desarrollo Rural (Banrural)– continúan operando con total normalidad.
Tanto el gerente general del primero, Flavio Montenegro, como el presidente ejecutivo del segundo, Fernando Peña, son acusados de pertenecer a una red criminal creada para captar financiamiento electoral ilícito mediante lavado de dinero y agenciarse el control del Estado.
De acuerdo con el MP, esa estructura fue creada por el exbinomio presidencial conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (2012-2015), quienes contaron con el respaldo de más de medio centenar de banqueros, empresarios, exfuncionarios y otras personas enroladas en esas maniobras.
«La SIB continuará ejerciendo la vigilancia e inspección estricta y permanente de las entidades que conforman el sistema financiero supervisado, a fin que administren adecuadamente los riesgos que asumen, en beneficio de la protección del ahorro nacional», señala la nota de prensa.
Y añade que la SIB «es un ente eminentemente técnico que actúa con estricto apego a la ley, por lo que en el ámbito de su competencia ha colaborado y continuará colaborando con el MP y con las autoridades judiciales».
Mientras, la calificadora de riesgo Moody’s Investors ha anunciado mediante un comunicado que cambió la perspectiva de calificación de riesgo para Guatemala de estable a negativa, debido al agravamiento de la crisis política por los escándalos de corrupción que involucran a servidores públicos de alto nivel y por las protestas generalizadas en respuesta a esto.
Además la agencia advirtió que “es posible que los acontecimientos políticos internos afecten negativamente la estabilidad macroeconómica del país, donde la solidez financiera del Gobierno continúa siendo baja, pero más elevada que en épocas anteriores por la incertidumbre en torno a la crisis política”.
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