El presidente boliviano, Evo Morales, ha promovido este año la erradicación de 8.200 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca. La cifra es alarmante, porque está muy próxima a las 12.000 hectáreas que se han establecido para la producción legal. Pese a que algunos ministros han culpado a la oposición de una campaña de demonización de la droga, el propio Morales reconoció recientemente que parte de la hoja ilegal alimenta al narcotráfico. El presidente boliviano, Evo Morales, ha promovido este año la erradicación de 8.200 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca. La cifra es alarmante, porque está muy próxima a las 12.000 hectáreas que se han establecido para la producción legal. Pese a que algunos ministros han culpado a la oposición de una campaña de demonización de la droga, el propio Morales reconoció recientemente que parte de la hoja ilegal alimenta al narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancia Controladas, Felipe Cáceres, ha anunciado cifras históricas en la destrucción de plantaciones de hoja de coca ilegales en este año 2010. Según sus datos, 8.200 hectáreas han sido erradicadas y 23.585 m2 de viveros arruinados. Son sin duda buenas noticias para la lucha que Bolivia, único país en la que la siembra de coca es legal por una cuestión cultural, está llevando a cabo contra la expansión de la droga.
Por el contrario, estos datos también hablan de un aumento importante de la siembra de esta planta. El presidente boliviano, para el que la legalización y defensa de la planta es una cuestión personal por su procedencia indígena, estableció una cuota de 12.000 hectáreas para el sembrado de la coca. Atendiendo a lo que se ha destruido, lo cierto es más de 20.000 hectáreas han sido plantadas este año en Bolivia, una cifra que habla de las dificultades que el Gobierno tendrá para controlar la proliferación de este cultivo.
La incursión del narcotráfico, que ha visto en Bolivia una fuente de provisión de coca, en la producción se hizo patente por una advertencia de Morales al sindicato de cocaleros del Chaparé, sindicato que lidera. En la reunión ordinario del pasado octubre, Morales amonestaba verbalmente a algunos de sus correligionarios criticándoles por portar coches de alta gama muchos de ellos sin legalizar. Posteriormente anunciaba que conocía de los negocios de algunos de ellos con el narcotráfico.
Morales reitera su reclamo en la ONU para que se legalice el mascado de coca, el “acullicu”. Busca desde hace tiempo aliados dentro de la organización para mejorar la imagen de esta tradición boliviana y continua insistiendo en que el control de las plantaciones es viable. Las dificultades de un país como el suyo, con escasos recursos económicos, podría chocar en algún momento con la rentabilidad del narcotráfico, que favorece la compra de armamento y los sobornos, dificultando incluso el control del tráfico legal.
En este sentido, el Gobierno se esfuerza por mantener una imagen de capacidad y ofrece datos como el de erradicación de plantaciones. A su vez, mantiene una posición defensiva en relación a la oposición, a la que acusa de querer desgastar al ejecutivo con declaraciones en las que habla del descontrol de la producción de coca.
El vicepresidente Álvaro García Linera, muestra parte de la estrategia del Gobierno cuando advierte a los cocaleros de lo que está ocurriendo. Si no ayudan al ejecutivo a controlar la producción, la oposición seguirá utilizando este argumento para desacreditarlo. Los cocaleros, a los que no les queda otro remedio que mantenerse junto a aquellos que les han habilitado para producir, deben cooperar con la política de reducción concertada.
