Siete años después del escándalo de corrupción que sacudió a la Administración del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, la Corte Suprema empezó ayer el juicio en el que están involucrados colaboradores del antiguo mandatario. Siete años después del escándalo de corrupción que sacudió a la Administración del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, la Corte Suprema empezó ayer el juicio en el que están involucrados colaboradores del antiguo mandatario.
La prensa latinoamericana sostiene que este escándalo, en el que varios asesores de la Administración Lula fueron acusados de haber pagado regularmente a distintos legisladores para asegurarse su apoyo en el Gobierno, podría emborronar el legado del político más popular del país y su papel como padrino del Ejecutivo Rousseff, además del actual Gobierno.
Si los fiscales se salen con la suya, podrían procesarse a 38 personas asociadas con el Partido de Trabajadores, varios de ellos antiguos asesores de Lula en el momento del escándalo, en 2007.
Este escándalo salió a la luz por un reportaje de la revista Veja. Aunque el año pasado fueron seis los ministros de Rousseff (que conservaba de la anterior Administración) los que renunciaron después de conocerse estas informaciones.
“Si los acusados argumentan que Lula conocía los pagos, podría ser una mancha seria para una imagen que, hasta ahora, permanece intacta”, ha señalado André Cesar, un consultor político en Brasilia. Según él, esta es la principal razón para que los brasileños estén siguiendo el proceso con gran interés.
Además, según contemplan los diferentes medios de la zona, la respuesta de Lula ante estas acusaciones fue lenta, pero los ciudadanos (aún está por ver que pasa en el Juicio) siguen dando todo su apoyo al antiguo mandatario.
Para muchos este juicio supone una muestra de determinación por parte de la justicia brasileña. Según el ex presidente Henrique Cardoso, esto supone “un momento importante para la historia de Brasil, para la construcción de la democracia”.
Por su parte, la actual presidenta, Dilma Rousseff, no ha querido hacer declaraciones sobre el caso, en el que algunos de sus compañeros de partido han sido acusados de usar fondos públicos y del partido para comprar votos.
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