El sorprendente, inédito y probablemente ilegal veto aplicado por el Gobierno de Portugal, que preside José Sócrates, a la venta de Vivo a Telefónica ha desencadenado una tormenta que trasciende la esfera empresarial. No sólo el PSD, el principal partido de la oposición de Portugal, ha atacado la decisión, El Ejecutivo también ha encontrado críticas dentro de sus propias filas. El sorprendente, inédito y probablemente ilegal veto aplicado por el Gobierno de Portugal, que preside José Sócrates, a la venta de Vivo a Telefónica ha desencadenado una tormenta que trasciende la esfera empresarial. No sólo el PSD, el principal partido de la oposición de Portugal, ha atacado la decisión, El Ejecutivo también ha encontrado críticas dentro de sus propias filas.
El eurodiputado socialista Vital Moreira, que fue cabeza de lista en los comicios europeos el año pasado, reconoce hoy en su blog que el uso de la acción de oro “seguramente será impugnado por la Justicia europea”.
Moreira avisa además que a Portugal no le conviene tener “enrabietada” a la compañía española, porque cuenta con capacidad financiera suficiente para lanzar una OPA sobre el 100% del capital de Portugal Telecom.
Mientras, el PSD considera inadmisible el uno del derecho porque “el Estado no es dueño de la empresa”, según ha afirmado su líder, Passos Coelho, cuya formación ocupa 81 escaños en Parlamento luso frente a los 97 de los socialistas.
Coelho considera además que la decisión de Sócrates ha generado una gran desconfianza “en los mercados y entre los inversores extranjeros”, en un momento en el que el país vecino lucha para hacer frente a la profunda crisis económica, que le ha obligado a aplicar un duro plan de ajuste presupuestario.
El bloqueo de Sócrates ha también generado hoy más reacciones del Ejecutivo español tras las sorprendentemente moderadas declaraciones de ayer del ministro de Industria, Miguel Sebastián. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que confía en que se materialice el acuerdo empresarial mediante el diálogo. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que en la “nueva Europa” actos como los del Gobierno luso no se repetirán.
En Europa, el comisario de Mercado Interior, Michael Barnier, ha calificado la decisión de Lisboa de “restricción injustificada” a la libre circulación de capitales. Además, tal y como adelantó ayer EL BOLETÍN, Barnier no descarta tomar medidas cuando se conozca la sentencia del tribunal europeo. La Comisión Europea ayer, a través de un portavoz primero y de un comunicado después, dejó clara cual es su postura.
Consciente de la polémica generada por su decisión, el primer ministro luso ha multiplicado sus apariciones en los medios para dar entrevistas y escribir artículos de opinión con un denominador común: el Gobierno hizo lo que debía para defender los intereses de Portugal y de Portugal Telecom y su acción es absolutamente legal porque lo permiten los estatutos de la operadora y no hay nada contra Telefónica.
Sócrates ha escogido los dos diarios internacionales que más criticaron su actuación. En O Globo, ha dejado claro que Portugal Telecom tiene que tener una presencia en Brasil porque es fundamental para el desarrollo de la propia operadora y del país.
En una entrevista al Financial Times, el mismo diario que ayer tachó su actuación de “estupidez colonialista”, ha asegurado que “Telefónica estaba engañada si pensaba que podría seguir adelante con la oferta sin tener en cuenta los intereses estratégicos expresados claramente por el Gobierno portugués”. Quizá los intereses del Estado luso estaban claros para Sócrates, pero no para los ejecutivos de la propia Portugal Telecom, que con su presidente ejecutivo a la cabeza, Zenial Bava, aseguraban que en el desenlace la batalla por Vivo no intervendría la acción de oro, sino la decisión de los accionistas.
En un artículo de opinión publicado hoy por el diario luso Público, el jefe de Gobierno reconoció que “PT es una empresa muy importante para el país” y su participación en Vivo es “un activo estratégico de éxito en el mercado brasileño, es la empresa de telecomunicaciones número 1 en el país”. Sócrates ha ignorado al Jornal de Negócios, también de Portugal, que fue el diario más crítico.
Algunos observadores destacan también la extraordinaria discreción que mantiene el Ejecutivo brasileño con respecto a esta pugna empresarial y política. La única declaración la hizo Lula, se produjo hace ya varias semanas, al asegurar que no le gustaría que Portugal Telecom abandonara Brasil, aunque no especificó si en Vivo u otra compañía.
Telefónica ha optado por ampliar el alcance de su oferta por el 30% de Vivo más allá del próximo viernes 2 de julio en que caducaba, hasta el día 16 de julio. De esta forma, la operadora española da tiempo a que el Tribunal Europeo de Justicia se pronuncie (tiene previsto hacerlo el próximo 8 de julio) sobre la ilegalidad de la acción de oro que el Gobierno portugués tiene en PT y que ejerció ayer al ver que el teórico órgano soberano de la compañía aceptó por abrumadora mayoría la oferta de 7.150 millones de euros del grupo español. Sin embargo, el camino podría no ser tan fácil.
Según JP Morgan, el tribunal europeo probablemente falle a favor de la Comisión Europea (quien presentó la demanda contra Portugal), pero la aplicación de la sentencia no será directa y una resolución final podría tardar entre dos y tres años. Además, según el banco de inversión estadounidense, Portugal también tendría que modificar sus leyes.
El precio de las acciones de Portugal Telecom cerró hoy con una subida del 1,94% , mientras que la Bolsa portuguesa cedió un 0,66%. A pesar de esta evolución bursátil, los expertos aseguran que han empezado a detectarse la aparición de actividad en los hedge funds, que empiezan a apostar a la baja contra los títulos de PT.
Las acciones de Telefónica se depreciaron un 1,1%. El valor bursátil de Vivo al cierre de esta edición aumentaba un 0,98%.
La reedición del ‘caso Champalimaud’
El bloqueo de Portugal parece una reedición de otro caso sucedido en 1.999 entre una empresa española y otra del país vecino. La alianza entre el Santander y el grupo financiero portugués de Antonio Champalimaud desencadenó una enorme polémica en el momento y el Gobierno socialista de la época y vetó la operación también en el mes de junio enfrentándose a Bruselas, que criticó duramente la medida. En noviembre de 1999 llegó el acuerdo entre todas las partes implicadas (Gobierno portugués, Comisión Europea, y ambos bancos).
