La Corte Suprema de Brasil ha negado la solicitud del Gobierno de Dilma de Rousseff y dos diputados brasileños para anular el proceso de juicio político que se tramita en el Congreso contra la presidenta brasileña. De manera que el impeachment continúa. La Corte Suprema de Brasil ha negado la solicitud del Gobierno de Dilma Rousseff y dos diputados brasileños para anular el proceso de juicio político que se tramita en el Congreso contra la presidenta brasileña. De manera que el impechament continúa.
En concreto, según recoge El País, el resultado final de la votación del tribunal ha sido de ocho votos frente a dos. El relator del caso, el ministros Edson Fachin, ha asegurado que los diputados deben tener en cuenta solo dos puntos del informe de la Comisión de Juicio Político como indicios de que la presidente cometió crímenes de responsabilidad: los decretos de créditos suplementarios y las pedaleas fiscales de 2015.
De modo que se dejan de lado la operación Lava Jato, las irregularidades cometidas el pasado mandato y la detención de Delcídio Amaral, cosa que les resulta de los más interesante tanto a la oposición como a los brasileños de a pie. Pues, según expertos en el tema, la empresa estatal Petróleos Brasileños (Petrobras) es la enseña nacional del país que aún preside Rousseff.
Michel Temer, el vicepresidente de Brasil, también deberá responder ante un juicio político, pero ha pedido que se ha realice de modo separado al de la mandataria brasileña. En concreto, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que su caso no tenga nada que ver con el de Rousseff.
Al ser sustitutito más que posible, según la prensa latinoamericana, es lógico que no quiera tener nada que ver con la presidenta. De hecho, ya tiene en mente un plan económico para que el país salga de la crisis en la que se encuentra inmerso: una reforma fiscal gradual acompañada de políticas que creen empleos y aumenten los ingresos.
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