El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pide explicaciones a Chávez, sobre la relación entre Venezuela y ETA

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El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que su Ejecutivo ha pedido explicaciones a Venezuela, al que la Audiencia Nacional ha acusado de colaborar con ETA y las FARC. El mandatario español ha confirmado en Hannover, en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel que el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos, ha hecho la oportuna gestión ante la administración venezolana para que dé una explicación. El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que su Ejecutivo ha pedido explicaciones a Venezuela, al que la Audiencia Nacional ha acusado de colaborar con ETA y las FARC. El mandatario español ha confirmado en Hanover, en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel que el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos, ha hecho la oportuna gestión ante la administración venezolana para que dé una explicación.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, cree que el Gobierno de Hugo Chávez pudo utilizar a ETA y a las FARC para intentar asesinar al presidente colombiano, Álvaro Uribe. En un auto hecho público hoy, Velasco ordena el procesamiento de seis miembros de la banda terrorista y de siete de la organización colombiana por, entre otras cosas, conspirar para atentar contra el mandatario colombiano con la “cooperación gubernamental venezolana”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha hecho público hoy un auto en el que acusa a los integrantes de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de compartir información sobre la utilización de explosivos y de intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y de su antecesor Andrés Pastrana. En este sentido, Velasco ha dictado orden de busca y captura para los procesados que residen en Cuba y Venezuela, 12 de ellos, y solicita su extradición a los gobiernos de estos países.

Entre los procesados que cita el juez se encuentra Arturo Cubillas Fontán, considerado por el juez como el responsable de ETA en Venezuela desde 1999 y que se encargó de estrechar las relaciones de la banda terrorista con las FARC.

Cubillas, según detalla Velasco en el auto, ejerció un cargo público en el país que preside Hugo Chávez, ya que fue nombrado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y tierras de Venezuela.

El etarra, quien en los años 80 fue acusado de un delito de asesinato, fue deportado de Francia a Argelia y posteriormente a Venezuela donde se casó en 1990 con Goizeder Odriozola, quien ha ostentado varios cargos públicos en el Gobierno de Venezuela desde que Chávez llegó a la Presidencia en 1999, entre ellos directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

El resto de imputados son los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, José María Zaldua, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio.

Respecto a los miembros de las FARC, el juez procesa a Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García (la única residente en España), Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.

El magistrado ordena a los ministerios de Exteriores y del Interior que hagan las gestiones necesarias para requerir la cooperación de Cuba y Venezuela en la entrega de los procesados residentes allí.

Eloy Velasco es juez desde 1988. Ejerció su profesión en juzgados de civil y penal, excepto entre 1995 y 2003, periodo en el que fue director de Justicia durante las dos legislaturas de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. El pasado mes de septiembre fue centro de la polémica tras la huida de la etarra Maite Aranalde.

En aquel momento, Garzón responsabilizó a Velasco de la fuga porque tenía todos los elementos para haber decretado su prisión incondicional. En octubre fue el único juez de la Audiencia que secundó la huelga en el sector.

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