La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado a debatir un proyecto de ley que presentó el gobierno de Rafael Correa para cambiar la modalidad de los contratos entre las empresas petroleras y el Estado. Correa desea que los acuerdos dejen de ser de explotación y se conviertan en pactos para la prestación de servicios. La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado a debatir un proyecto de ley que presentó el gobierno de Rafael Correa para cambiar la modalidad de los contratos entre las empresas petroleras y el Estado. Correa desea que los acuerdos dejen de ser de explotación y se conviertan en pactos para la prestación de servicios.
El proyecto de ley podría aprobarse sin problemas el 25 de julio, en opinión de Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta tiene una categoría de urgente. Los legisladores acordaron que si no se produce un consenso en los treinta días siguientes a su presentación, el 25 de junio, se convertiría de forma automática en ley. El gobierno necesita 63 votos de los 124 de la Asamblea Nacional para que se acepte el proyecto de ley.
En él se estipula que el gobierno pueda expropiar las operaciones de las compañías petroleras extranjeras a menos que éstas firmen un contrato que dé al estado una mayor capacidad de control en la industria. Si las empresas no los aceptan, se determinaría un precio para liquidar sus contratos actuales y allanar así el camino para su salida del país.
Patricio Durán, analista de la firma ecuatoriana Fiduvalor, ha dicho a Americaeconomica.com que el gobierno de Correa busca que la concesión estatal a las empresas petroleras no se determinen por una libre explotación del petróleo, sino por una prestación de servicios que dé al estado una participación sobre un límite del valor del petróleo estipulado.
Es decir, si el petróleo alcanza precios por encima de este valor, el 99% de los beneficios iría a parar a las cuentas estatales, mientras que sólo un 1% sería para las empresas petroleras. Este beneficio se repartía antes entre un 50% para el Estado y un 50% para las empresas.
Con este proyecto de ley, las empresas privadas recibirían una tarifa fija en lugar de compartir los beneficios. El Estado se reservará el 25% de los ingresos brutos antes de pagar las tarifas a las compañías.
