Rafael Correa ha aprobado la Ley de Hidrocarburos sin que haya sido debatida en el Parlamento. El presidente de Ecuador presentó este proyecto hace un mes a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, dijo que los parlamentarios tenían un mes para dar una salida a la Ley, o sería aprobada directamente al término de este plazo. La oposición ha vuelto a mostrarse contraria a esta decisión ‘autoritaria’ del mandatario, ante lo que Correa ha amenazado de nuevo con disolver el Congreso. Rafael Correa ha aprobado la Ley de Hidrocarburos sin que haya sido debatida en el Parlamento. El presidente de Ecuador presentó este proyecto hace un mes a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, dijo que los parlamentarios tenían un mes para dar una salida a la Ley, o sería aprobada directamente al término de este plazo. La oposición ha vuelto a mostrarse contraria a esta decisión ‘autoritaria’ del mandatario, ante lo que Correa ha amenazado de nuevo con disolver el Congreso.
Las reformas a la ley de hidrocarburos presentadas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hace un mes, entrarán en vigor bajo la figura del Ministerio de la Ley, ya que la Asamblea Nacional no ha cumplido los plazos establecidos. El nuevo marco jurídico entrará en vigor tras ser publicado en el Registro Oficial, al no ser debatido por los legisladores en el tiempo de un mes acordado para su resolución, ya que la ley tenía carácter de urgente. Esto ha despertado el malestar de las fuerzas políticas en la oposición. La nueva ley de hidrocarburos introducirá un cambio en la modalidad de contratación de las empresas petroleras, que si bien hasta ahora eran por explotación a partir de la entrada en vigor de la norma serán por prestación de servicios.
El nuevo marco jurídico entrará en vigor tras ser publicado en el Registro Oficial, al no ser debatido por los legisladores en el tiempo de un mes acordado para su resolución, ya que la ley tenía carácter de urgente. Esto ha despertado el malestar de las fuerzas políticas en la oposición. La nueva ley de hidrocarburos introducirá un cambio en la modalidad de contratación de las empresas petroleras, que si bien hasta ahora eran por explotación a partir de la entrada en vigor de la norma serán por prestación de servicios.
En la sesión en la que se tenía previsto analizar la ley no tuvo lugar, no existió el quórum necesario, por lo que el proyecto no llegó a ser debatido. Según datos oficiales, en tres ocasiones se pidió que se constatase el quórum, pero en ninguno de los intentos se logró el mínimo de asistencia de 63 legisladores. Ante ello, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, se retiró de la sede del pleno. Según los medios de comunicación locales, los partidarios de Alianza Pais, el partido político en el poder, estaban en el edificio, pero no en la sala del pleno. Los legisladores del Movimiento Pais explicaron que no se presentaron a la sesión porque la ley que ahora rige perpetúa el atraco petrolero, ya que muchas de las empresas privadas petroleras se llevan el petróleo de Ecuador. Además, esta reforma, según el Ejecutivo, evitaría la caída de la producción de crudo y mejoraría los ingresos.
El proyecto de reforma de ley tenía una categoría de urgente, por lo que la Asamblea Nacional disponía de treinta días para llegar a un consenso sobre ella. En caso de que no hubiera un acuerdo, la ley pasaría directamente a ser aprobada al término del plazo establecido. El gobierno de Rafael Correa presentó la ley el pasado día 25 de junio. El presidente en cargo de Ecuador tiene la capacidad constitucional de enviar proyectos de ley económicas de carácter urgente.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 25% del Presupuesto General del Estado. La medida contemplada en la reforma, que pretende cambiar los actuales contratos de participación de las petroleras privadas por otros de prestación de servicios, tiene, precisamente, el objetivo de mejorar los ingresos del Estado por esa actividad, según el gobierno de Rafael Correa. Se trata de un total de 34 contratos, cinco de ellos de envergadura. Si no se llega a un acuerdo, tal y como informó el Ministro de Energía de Ecuador, Wilson Pastor, se pasará a la terminación del contrato con un precio justo de expropiación, al que se llegará tomando en cuenta el potencial del bloque petrolero sin inversión.
Por su parte, los legisladores ecuatorianos de los partidos de la oposición dijeron que presentarán en la Asamblea Nacional un proyecto para intentar derogar las reformas a esta ley. Andrés Paez, asambleísta del partido Izquierda Democrática, declaró a una emisora local que la oposición intentará evitar con su propuesta, entre otras cosas, que se asignen contratos petroleros “a dedo” en Ecuador. La oposición considera que esta reforma podría alejar inversiones privadas en el sector petrolero.
Rafael Correa, por otra parte, ha vuelto a amenazar con recurrir a la llamada muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional para convocar elecciones anticipadas si los diputados siguen con su bloqueo a la hora de aprobar varias leyes que el Ejecutivo considera clave para el país. El presidente dijo que los legisladores permitieron que se cumpliese el plazo para la discusión del proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, ya que según el mandatario existen intereses económicos. La muerte cruzada es una fórmula vigente desde la Constitución proclamada en el 2008 y según la cual el presidente puede disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y convocar elecciones tanto para una nueva Asamblea como presidenciales.
En la nueva Ley de Hidrocarburos, se estipula que el gobierno puede expropiar las operaciones de las compañías petroleras extranjeras a menos que éstas firmen un contrato que dé al estado una mayor capacidad de control en la industria. Si las empresas no lo aceptan, se determinaría un precio para liquidar sus contratos actuales y facilitar su salida del país. Patricio Durán, analista de la firma ecuatoriana Fiduvalor, ha explicado a Americaeconomica.com que según la nueva norma, la concesión estatal a las empresas petroleras no se determina por una libre explotación del petróleo, sino por una prestación de servicios, que da al estado una participación sobre un límite del valor del petróleo estipulado. Es decir, si el petróleo alcanza precios por encima de este valor, el 99% de los beneficios iría a parar a las cuentas estatales, mientras que un 1% sería para las empresas petroleras. Este beneficio se repartía antes en un 50% para el Estado y un 50% para las empresas. Las empresas privadas recibirán una tarifa fija en vez de compartir los beneficios. El Estado se reservará el 25% de los ingresos brutos antes de pagar las tarifas a las compañías.
Las licitaciones para la adjudicación de contratos de explotación tendrán tres excepciones: si es inversión directa del Estado, si es de una empresa mixta o si encierra la participación de entes estatales de otros gobiernos. Por lo tanto, el gobierno de Rafael Correa podría designar contratos de empresas a gobiernos ‘amigos’, como Venezuela, China e Irán.
Por otra parte, la ley ecuatoriana determina que de la totalidad de los beneficios de una empresa, el 15% será repartido entre los trabajadores de la misma. Por lo tanto, para los empleados de las empresas petroleras, las cuales que reportan un buen número de utilidades, esto suponía una parte muy importante de sus ingresos. Con la nueva ley de hidrocarburos, de este 15% se repartirá entre los trabajadores un 3% y el monto restante se lo quedará el Estado para la ejecución de proyectos varios. Según los analistas financieros consultados por esta publicación, el detrimento que se produce para estos trabajadores es muy grande.
