Los diputados del Partido Socialista de la capital española han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Esperanza Aguirre, que investigue la financiación de la Fundación Iberoamérica-Europa, que preside Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa del ex mandatario español José María Aznar, denunciada por el Gobierno de Bolivia. Los diputados del Partido Socialista de la capital española han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Esperanza Aguirre, que investigue la financiación de la Fundación Iberoamérica-Europa, que preside Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa del ex mandatario español José María Aznar, denunciada por el Gobierno de Bolivia.
El canal de noticias Cuatro de España, propiedad del grupo Prisa aseguraba ayer que la Fiscalía boliviana investiga a esta institución por promover presuntamente un golpe de Estado contra Evo Morales financiando comandos de mercenarios en la zona santacruceña y por intentar incluso asesinar a Evo Morales.
Según asegura la cadena española Cuatro, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha exigido al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre que abra «inmediatamente» una investigación sobre los fondos destinados a la fundación del ex jefe de prensa de José María Aznar, la Fundación Iberoamérica-Europa.
El diputado socialista Francisco Contreras ha afirmado que la Fundación Iberoamérica Europa (también conocida como CIPIE) es una ONG que preside Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de Aznar, y de la que Ana Botella, mujer del ex presidente del Gobierno y concejala del Ayuntamiento de Madrid, figuró como vicepresidenta.
El Partido de Zapatero señala que entre 1999 y 2010, esta fundación recibió 4.370.477 euros de la Comunidad de Madrid en concepto de cooperación al desarrollo. De esta cantidad, entre 2007 y 2010 se dedicaron 990.000 euros a proyectos de cooperación en Bolivia.
Según la investigación a la que ha tenido acceso Noticias Cuatro, la Justicia boliviana considera que la Fundación (que todavía recibe contratas de las comunidades del PP) destinó fondos a «desestabilizar el gobierno» e incluso tuvo relación con un «intento de asesinato de Evo Morales».
El Fiscal señala que «se puede establecer que hubo financiadores que propugnaron la comisión delictiva desde España en nuestro territorio nacional» y rastrea ese dinero a través de una sociedad llamada Cainco. Según la Justicia boliviana, la Fundación ingresó en la Cámara de Comercio de Santa Cruz más de 2 millones de bolivianos, unos 250.000 euros al cambio para sus socios en ese país.
La Fiscalía boliviana tiene previsto remitir en los próximos días una comisión rogatoria a España para que se abra una investigación en nuestro país. La Justicia boliviana estudia remitir la causa a la Audiencia Nacional, según la cadena de Prisa.
Además, la Fundación afirma que el dinero que está siendo investigado «se destinó únicamente a proyectos sociales», aunque reconocen la detención de uno de sus miembros en Bolivia.