El diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, ha propuesto prohibir por un año el transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos particulares registrados a través apps que tengan por objeto conectar a los pasajeros con los conductores, lo que incluye a Uber. El diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, ha propuesto prohibir por un año el transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos particulares registrados a través apps, o medios tecnológicos similares que tengan por objeto conectar a los pasajeros con los conductores, lo que incluye a Uber.
Carballo, también presidente de la Comisión de transporte de Diputados, ha pedido que el proyecto se tenga en cuenta cuando antes, se espera que el 1 de diciembre se decida algo sobre este proyecto de ley.
El proyecto, que recoge el diario uruguayo El País, solo tiene cuatro artículos en los que se asegura que los conductores, propietarios e intermediarios que incumplan con él podrán ser castigados con sanciones que irán “desde apercibimiento hasta la incautación del vehículo y/o clausura comercial de acuerdo a los parámetros que fije la reglamentación”.
La norma del diputado del partido del presidente Tabaré Vázquez, también contempla la creación de una comisión que estudiará el tema durante un año en el que se prohíba el servicio y estará integrada por los Ministerios de Transporte, Industria y Trabajo. Contará también un representante del Congreso de intendentes.
Diversos son los motivos que dan los defensores de esta iniciativa para llevarla a cabo, pero el principal es la “interrupción intempestiva de nuevos proyectos que pretenden incidir en el servicio del transporte público” y en la vida de los uruguayos, por ello consideran necesario legislar.
Carballo se ha quejado del “desconocimiento a la soberanía” del que ha hecho gala la empresa y ha asegurado que, de momento no se dan las condiciones para que el Estado se posicione sobre esta nueva forma de transporte. Para ello, es necesario establecer un ‘impasse’ de un año para definir si autoriza o no esta actividad comercial.
A pesar de ello, el diputado ha señalado que “el país no está cerrado a nuevas ofertas de servicios públicos ni a mejores tecnológicas en la gestión de los mismos” siempre y cuando “se atengan a la normativa del país en condiciones igualatorias para todas las empresas”.
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