El procurador general de Justicia de Río de Janeiro, Marfan Martins Vieira, afirmó hoy que “17 de los 21 proyectos presentados a comienzos de este mes por el gobierno estadual para enfrentar la crisis financiera son inconstitucionales”. El procurador general de Justicia de Río de Janeiro, Marfan Martins Vieira, afirmó hoy que “17 de los 21 proyectos presentados a comienzos de este mes por el gobierno estadual para enfrentar la crisis financiera son inconstitucionales”.
Detectamos algunas inconstitucionalidades e incompatibilidades con la legislación en el paquete de medidas de ajuste fiscal enviada a la Asamblea Legislativa (Alerj), manifestó el representante del Ministerio Público al presentar el parecer de ese órgano ante los diputados.
Refiriéndose en particular a las propuestas formuladas por el gobernador Luiz Fernando Pezao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que extinguen o reducen los programas sociales, Vieira las consideró ‘crueles’ y ‘perversas’.
Tal vez ese sea el proyecto más cruel, porque afecta a la población de más bajos ingresos, a personas que viven por debajo de la línea de pobreza, y porque constituye además un retroceso muy grande, reseñó la Agencia Brasil al citar al procurador, quien insistió en la inconstitucionalidad de una medida como esa.
Pezao, anunció el pasado día 4 un paquete de 28 medidas que deberán ser adoptadas -dijo- para reducir los gastos del estado. De estas, seis entrarán en vigor por decreto, mientras las 22 restantes se discuten como proyectos de ley en la Asamblea Legislativa estadual, que será la encargada de aprobarlas o no.
El severo ajuste dado a conocer por el gobernante carioca incluye, entre otros, el incremento en tres por ciento de la tasa de pensiones de los servidores activos; la reducción de 20 a 12 del número de secretarías del gobierno, y el aumento de los impuestos a la energía, telecomunicaciones, gasolina, bebidas y cigarro, entre otros.
Además, la eliminación de los programas Alquiler Social, destinado a las personas sin hogar; Mejor Ingreso, dirigido a ciudadanos que viven en condiciones de extrema pobreza; de los denominados restaurantes populares, en caso que estos no sean absorbidos por los municipios, y la limitación de los subsidios al transporte público.
Son medidas que muestran el horizonte para que podamos atravesar esa turbulencia, esa caída en los ingresos y el PIB, argumentó Pezao al anunciar el programa, que según el vicegobernador Francisco Dornelles constituye un remedio amargo, pero también ‘el único camino para curarnos y restablecer los compromisos del estado’.
El inicio de los debates en la Alerj fue acompañado por multitudinarias protestas que tuvieron una activa participación de los empleados públicos, cuyos salarios pudieran verse reducidos hasta un 30 por ciento de aprobarse el ajuste propuesto por Pezao.
