El Gobierno de Sebastián Piñera se enfrenta a un nuevo posible conflicto con la ciudadanía, que se uniría a los que ya tiene abiertos con mineros, ecologistas y estudiantes. En este caso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato mayoritario en Chile, encabeza un frente de diversas organizaciones que protestan contra las intenciones de Piñera de monitorear las redes sociales como Facebook o Twitter en busca de opiniones sobre su Gabinete, algo que ha desatado las iras de los usuarios de Internet, que ven en ello una medida orwelliana de control social. María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos del sindicato, ha declarado a este diario que el proyecto «supone un ataque frontal a la privacidad de las personas». El Gobierno de Sebastián Piñera se enfrenta a un nuevo posible conflicto con la ciudadanía, que se uniría a los que ya tiene abiertos con mineros, ecologistas y estudiantes. En este caso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato mayoritario en Chile, encabeza un frente de diversas organizaciones que protestan contra las intenciones de Piñera de monitorear las redes sociales como Facebook o Twitter en busca de opiniones sobre su Gabinete, algo que ha desatado las iras de los usuarios de Internet, que ven en ello una medida orwelliana de control social. María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos del sindicato, ha declarado a este diario que el proyecto «supone un ataque frontal a la privacidad de las personas».
“Lo único que estamos haciendo, y es lógico que un Gobierno lo haga, es saber lo que opina la gente” aseguró Ena Von Baer, la ya ex ministra Secretaria General de Gobierno, en junio, cuando se hizo pública la medida. La CUT ha presentado un recurso de protección contra ese posible monitoreo de las opiniones vertidas por los ciudadanos en Internet. Según el sindicato, la Secretaría General de Gobierno contrató a la empresa Brandmetric para que vigilara lo que los internautas piensan sobre Piñera y su gestión, lo que incluiría además un sistema de geolocalización que podría indicar dónde se encuentra la persona en cuestión que esté opinando.
Puelma ha declarado a AméricaEconómica.com que «desde la Secretaría General se contrató a una empresa privada para que monitoreara, interceptara y registrara las opiniones y nombres que se dan sobre el Gobierno y de los grupos que participan en el debate» en la Red. Según la sindicalista, el proyecto «supone un ataque frontal a la privacidad de las personas, y más en un país como Chile, que ha atravesado recientemente una dictadura, en el que es intolerable que se registren las opiniones».
El recurso se ha presentado en contra del nuevo ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, quien ha sustituido a Von Baer en la reciente reforma ministerial llevada a cabo por Piñera para intentar recuperar popularidad. Si el procedimiento sale adelante, Chadwick tendría que remitir un informe en cinco días a través del cual dar explicaciones sobre la acciones del Gobierno. «Hemos exigido explicaciones para que Chadwick explique en qué ley se basó el Gobierno para poner en marcha ese proyecto de monitoreo», ha afirmado Puelma, quien también ha insistido en que «para interceptar un ordenador y teléfono es necesaria una orden judicial», algo que no contempla la Secretaría General que ha puesto en marcha el plan.
Los internautas chilenos han protestado ampliamente por los planes de Piñera, e incluso la etiqueta #monitoreo se ha popularizado en Twitter. Junto a la CUT hay también organizaciones cívicas y ciudadanas que denuncian lo que consideran una invasión de la privacidad. Una polémica que podría pasarle factura a un Sebastián Piñera muy debilitado y cuya popularidad se ha desmoronado dramáticamente en las últimas semanas.
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