La presión llegada desde diversos frentes, ha hecho que algunas autoridades venezolanas terminaran por aceptar que los cuerpos de seguridad del Estado fueron demasiado duros al enfrentarse a las protestas pacíficas que llevan sacudiendo el país desde el pasado 12 de febrero. La presión llegada desde diversos frentes, ha hecho que algunas autoridades venezolanas terminaran por aceptar que los cuerpos de seguridad del Estado fueron demasiado duros al enfrentarse a las protestas pacíficas que llevan sacudiendo el país desde el pasado 12 de febrero.
La primera en admitirlo, como comentan en el diario español el País, ha sido la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha asegurado que “el Ministerio Público investiga 60 casos de presuntos abusos en la represión de los desórdenes”. A pesar de haber reconocido este dato, ha matizado que estos excesos nada tienen que ver con la política de Estado.
Ha señalado, además que existe una campaña que quiere hacer ver que el Estado “es tan violador o más que en la Cuarta República” y que esa campaña tiene como blanco a la Guardia Nacional (GN), fuerza pública que ha estado en la primera línea del combate a las protestas y a la que Ortega desliga de los excesos que pudieran haber cometido algunos de sus integrantes.
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