El presidente boliviano, Evo Morales, ha advertido a los chóferes en iniciarles un proceso penal si no detienen la subida descontrolada de las tarifas. A este aviso también se ha sumado la fiscal del distrito de Santa Cruz, Arminda Ménez, quién amenazó a las autoridades municipales y a los transportistas a dialogar y solucionar el tema en un plazo máximo de 48 horas. De lo contrario también iniciará acciones legales contra ambos sectores. La población boliviana se enfrenta desde la semana pasada a uno de los paros más largos de la historia de la ciudad. El presidente boliviano, Evo Morales, ha advertido a los chóferes en iniciarles un proceso penal si no detienen la subida descontrolada de las tarifas. A este aviso también se ha sumado la fiscal del distrito de Santa Cruz, Arminda Ménez, quién amenazó a las autoridades municipales y a los transportistas a dialogar y solucionar el tema en un plazo máximo de 48 horas. De lo contrario también iniciará acciones legales contra ambos sectores. La población boliviana se enfrenta desde la semana pasada a uno de los paros más largos de la historia de la ciudad.
Santa Cruz, la cuidad más grande y poblada de Bolivia, es la localidad más afectada por la huelga de los transportistas. Sus habitantes continúan viviendo el calvario para poder trasladarse hasta su lugar de empelo. Ya son 9 días que los chóferes vienen ejecutando un paro indefinido de transporte, exigiendo a este municipio que suba el pasaje a 2 bolivianos (20 céntimos de euro).
Al igual que el mandatario, Evo Morales, la fiscal del distrito de Santa Cruz, Arminda Méndez, advirtió a los dirigentes del transporte y a las autoridades municipales en iniciarles un proceso penal, aseguró que la medida la iniciará si dentro de las próximas 48 horas el servicio no se reestablece. Méndez afirmó que estos pueden ser procesados por incumplimiento de deberes y obstaculización al derecho al transporte.
El Consejo Municipal recibirá hoy a representantes de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), a dirigentes de los chóferes cruceños y al Defensor del Pueblo. Esperan que en esta reunión se puedan definir las competencias al tema del pasaje y que el servicio de transporte reinicie sus actividades en la ciudad.
Será complicado que el Gobierno llegue a un acuerdo con los huelguistas. El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que no es viable que el precio de las tarifas del transporte público se incremente. Señaló que las autoridades nacionales no tienen las capacidades para definir el precio del pasaje.
Mientras se intenta solucionar el problemas, otros se llenan los bolsillos. Ante la ausencia de transporte público, camionetas y camiones salieron a prestar el servicio desde el primer día del paro indefinido. La población está pagando 2 bolivianos (20 céntimos de euros) por desplazarse en un medio más caro y peligroso.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, dijo el miércoles que no se justifica ningún incremento de tarifas del transporte público mientras el combustible esté subvencionado por el pueblo boliviano. En ese marco, dijo que las medidas de protesta anunciadas por los transportistas en todo el país son injustificadas.
Según datos oficiales, el Estado subvenciona los combustibles con más de 400 millones de dólares al año (287 millones de euros). Una ayuda que, posiblemente, seguirá en aumento.
