La mala situación económica en la que se encuentran las arcas estatales, están obligando al Gobierno de Raúl Castro a establecer medidas para ampliar la recaudación. Después de que matizasen que los impuestos al sector privado se aplicarán de forma proporcional al volumen del negocio, en esta ocasión el anuncio afecta al consumo energético, ya que el Gobierno de la Isla ha anunciado un incremento de las tarifas. La mala situación económica en la que se encuentran las arcas estatales, están obligando al Gobierno de Raúl Castro a establecer medidas para ampliar la recaudación. Después de que matizasen que los impuestos al sector privado se aplicarán de forma proporcional al volumen del negocio, en esta ocasión el anuncio afecta al consumo energético, ya que el Gobierno de la Isla ha anunciado un incremento de las tarifas.
Sin embargo, la nueva medida sólo se aplicará a los que más energía utilicen. Así, a los usuarios domésticos que consuman más de 300 kilovatios por hora al mes se les aplicará un incremento progresivo de la tarifa que oscila entre el 15% y el 285%. Es decir, que esos clientes tendrán que pagar entre 1,50 y 5,00 pesos cubanos dependiendo del consumo, en vez de los 1,30 pesos fijados por el Gobierno hasta ahora.
Las autoridades de la isla anunciaron el pasado el mes su intención de favorecer la cultura tributaria de los cubanos. A inicios de este mes, el diario oficial Granma, de referencia en cuanto a las medidas que adoptará el ejecutivo, publicó una serie de modificaciones tributarias que están pendientes de su aprobación. Con la salida al mercado laboral de 500.000 trabajadores estatales que se convertirán en autónomos o trabajadores por cuenta propia, iniciativa privada, los primeros afectados por la reforma tributaria serán estos nuevos negocios.
Entre las medidas anunciadas se establece un baremo de pago de impuestos según volumen de negocio que alcanza hasta el 50% de los ingresos en aquellos negocios que más beneficios logren. También se establece un sistema similar a la seguridad social en la que el empresario que contrate a otro trabajador deberá abonar lo correspondiente al 25% de su sueldo al Estado. Por otra parte se establecen impuestos al alquiler de viviendas o locales además de a las propias mercancías.
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