El Gobierno colombiano ataca a Cepsa

El anuncio de la empresa contratista Montajes JM de Cepsa, la que fue segunda petrolera en España, en el que informa de la decisión de despedir a 1.100 empleados ha enfurecido al Gobierno de Colombia. Las autoridades del país han emitido una nota oficial en la que arremeten sin tapujos contra la firma española. Esta ofensiva se da en un momento en que la nación colombiana busca inversores en España. De hecho, se produce después de que el ministro de Transporte del país latinoamericano invitara a empresarios españoles del sector de la construcción a invertir en un paquete de licitaciones para obras en el territorio. El anuncio de la empresa contratista Montajes JM de Cepsa, la que fue segunda petrolera en España, en el que informa de la decisión de despedir a 1.100 empleados ha enfurecido al Gobierno de Colombia. Las autoridades del país han emitido una nota oficial en la que arremeten sin tapujos contra la firma española. Esta ofensiva se da en un momento en que la nación colombiana busca inversores en España. De hecho, se produce después de que el ministro de Transporte del país latinoamericano invitara a empresarios españoles del sector de la construcción a invertir en un paquete de licitaciones para obras en el territorio.

La crispación social, que afecta a 1.100 empleados, ha llegado al terreno político. El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, manifestó su preocupación por la actitud indiferente de ambas empresas, que operan en Puerto Gaitán (Meta), con los trabajadores que iniciaron una protesta social en ese municipio y en los pozos petroleros Cara Sur, una de las principales zonas petroleras del país.

Para intentar paliar la situación, el Gobierno colombiano ha abierto una negociación con los trabajadores para escuchar las exigencias de éstos, que se centran en el respeto por el derecho de asociación y negociación sindical, la restitución de más de 1.100 personas a quienes Montajes JM rescindió los contratos de trabajo. Entre las peticiones también se encuentra la apertura de la negociación del pliego de peticiones presentado por los sindicatos, en el que piden una mejora salarial.

Esta situación se produce justo en el momento en el que la segunda petrolera de España, Cepsa, tenía previsto aumentar sus planes de exploración y producción. Además, el Gobierno colombiano acababa de invitar a empresarios españoles del sector de la construcción a invertir en un paquete de licitaciones para obras de infraestructura que el país andino presentará a concurso próximamente y que está valorado en unos 1.200 millones de dólares (852 millones de euros). Quizá el ataque a la firma española perjudique a esta “hermandad empresarial” que tienen ambos países.

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