El Gobierno argentino resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no podrá continuar cobrando de forma simultánea la asignación mensual vitalicia que percibe como ex mandataria y la pensión de su marido fallecido, el ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007). El Gobierno argentino resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no podrá continuar cobrando de forma simultánea la asignación mensual vitalicia que percibe como ex mandataria y la pensión de su marido fallecido, el ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007).
La decisión fue adoptada el viernes a última hora en una resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Balbín, informaron hoy los diarios ‘La Nación’ y ‘Clarín’.
El procurador concluyó, en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, que existe una incompatibilidad que «impide la percepción simultánea de una asignación mensual vitalicia y una pensión asignada de conformidad con el artículo 4», por su esposo, fallecido el 27 de octubre de 2010.
Tras dejar el poder el 10 de diciembre de 2015, Fernández de Kirchner comenzó a recibir una asignación mensual vitalicia que en junio pasado ascendía a 188.538 pesos (unos 12.500 dólares) y que se sumó a la pensión que cobraba por su marido, de 143.549 pesos (unos 9.500 dólares), precisó ‘Clarín’.
De acuerdo con la ley 24.018, «la percepción de la asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquella por estos últimos beneficios».
La mayoría de los bienes y todas las cuentas bancarias de Fernández de Kirchner fueron embargadas por la Justicia en el marco de las causas en las que es investigada por supuestas irregularidades durante sus mandatos y presunta corrupción.
De acuerdo con un informe del diario ‘Clarín’, la ex presidenta vació su patrimonio. El 13 de mayo fue procesada por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por supuestas irregularidades en la operación con el dólar a futuro en 2015. Tres días más tarde, según el periódico, «cedió al menos 13 de sus propiedades a sus hijos» con el supuesto fin de evitar su embargo.
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