El pleito entre Ecuador y la petrolera norteamericana Oxy continúa y se acerca a su final. El país sudamericano ha anunciado que presentará objeciones al informe pericial del Tribunal Internacional de Arbitraje el próximo 30 de junio, cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia. El procurador general del Estado, Diego García, declaró al diario Hoy de Quito que «expondremos nuestras objeciones al procedimiento que siguió el tribunal para hacer este informe de los peritos, así como sus conclusiones”. La sentencia definitiva podría emitirse antes del fin del año. El pleito entre Ecuador y la petrolera norteamericana Oxy continúa y se acerca a su final. El país sudamericano ha anunciado que presentará objeciones al informe pericial del Tribunal Internacional de Arbitraje el próximo 30 de junio, cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia. El procurador general del Estado, Diego García, declaró al diario Hoy de Quito que «expondremos nuestras objeciones al procedimiento que siguió el tribunal para hacer este informe de los peritos, así como sus conclusiones”. La sentencia definitiva podría emitirse antes del fin del año.
El pleito nació a raíz del contencioso entre ambas partes que se produjo en 2006, cuando Ecuador anuló el contrato que mantenía con la petrolera, a la que acusó de ceder el 40% de sus derechos de explotación de zonas ecuatorianas a otra empresa, canadiense en este caso, Encana. Según Ecuador la cesión se produjo sin avisar al Estado, por lo que se consideró ilegal y dio pie a que se incautaran los activos de la empresa en la nación sudamericana.
Oxy demandó a Ecuador por ello y ahora se celebran las vistas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una parte del Banco Mundial. El Gobierno ecuatoriano defiende que se amparó en tres de los artículos de la Ley de Hidrocarburos y en algunos informes judiciales para establecer la caducidad del contrato y acogerse así a su derecho a incautar los activos de la petrolera estadounidense, que sin embargo le reclama una indemnización millonaria.
García ha afirmado que «el informe de los peritos parte de parámetros de cálculo dados por el tribunal, que fueron aceptados por la compañía pero objetados por Ecuador», y mantiene que no se han tenido en cuenta algunos aspectos de su defensa en el proceso.
«La caducidad fue declarada conforme al contrato y a la Ley de Hidrocarburos y no hay responsabilidad alguna de parte del Estado», ha declarado García. La sentencia podría emitirse en la segunda mitad del año.
El Ejecutivo boliviano ha celebrado la aprobación de la ley que elimina el Impuesto a…
Los residuos plásticos que llegan desde el Océano Pacífico están entre los principales contaminantes en…
El estancamiento productivo contrasta con el crecimiento de otros países del entorno, lo que ha…
El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum defiende que no existe una política estatal de desapariciones forzadas…
El mandatario ha instado a Washington a facilitar la detención y entrega de prófugos brasileños,…
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general,…