El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general, António Guterres, que traslade con urgencia la situación de México a la Asamblea General para que se estudien medidas dirigidas a prevenir, investigar y erradicar este delito de lesa humanidad.
La ONU detecta indicios de desapariciones forzadas en México y pide elevar el caso a la Asamblea General
El organismo, con sede en Ginebra, sostiene que dispone de información con “indicios fundados” de que en el país se han producido y continúan produciéndose desapariciones forzadas, en un contexto de ataques “generalizados o sistemáticos” contra la población civil.
El Comité basa su decisión en el artículo 34 de la Convención Internacional, aunque subraya que no actúa como una comisión de investigación ni está obligado a establecer conclusiones definitivas.
El presidente del CED, Juan Albán-Alencastro, señala que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a escala nacional ni que estén organizados desde las más altas esferas del Gobierno, sino que lo relevante es el patrón y la magnitud de los ataques.
El Comité señala que basta con un patrón sistemático contra civiles para considerar estos delitos
En este contexto, el organismo pide que la Asamblea General evalúe medidas de apoyo al Estado mexicano en ámbitos como la prevención, investigación y castigo de estos hechos.
El Gobierno de México ha reconocido que existen más de 130.000 personas desaparecidas desde 2006, aunque no ha precisado cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas.
El Comité advierte de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no ofrece una imagen clara sobre la naturaleza de los casos.
| Indicador clave | Cifra |
|---|---|
| Personas desaparecidas desde 2006 | Más de 130.000 |
| Fosas clandestinas localizadas | Más de 4.500 |
| Cadáveres hallados | Más de 6.200 |
| Restos humanos no identificados | Unos 72.000 |
Además, el organismo destaca el hallazgo continuo de fosas clandestinas y la existencia de miles de restos humanos sin identificar, lo que refleja la dimensión de la crisis.
Las fosas clandestinas y los restos sin identificar evidencian la magnitud del problema
El CED recoge la postura oficial de México, que atribuye muchas desapariciones a grupos delictivos y no a agentes estatales, lo que impediría calificarlas como desapariciones forzadas según la Convención.
Sin embargo, el Comité afirma haber recibido información que apunta a la posible participación directa de funcionarios públicos o a su apoyo o consentimiento en algunos casos.
Asimismo, recuerda que el derecho internacional contempla que este delito también puede ser cometido por actores no estatales organizados cuando actúan de forma generalizada o sistemática contra la población civil.
El organismo advierte de posibles vínculos de funcionarios en algunos casos investigados
El Comité de la ONU concluye que la situación requiere atención internacional urgente y pone el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y justicia ante un fenómeno que sigue creciendo en el país.
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