El Congreso de Perú intenta levantar el secreto bancario del ex presidente Alan García por sospechas de corrupción

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El Parlamento peruano quiere levantar el secreto bancario impuesto por el ex presidente del país, Alan García, para determinar si hubo actos de corrupción en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007. El Parlamento peruano quiere levantar el secreto bancario impuesto por el ex presidente del país, Alan García, para determinar si hubo actos de corrupción en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007.

La presidenta de la comisión investigadora sobre lo ocurrido, Ana Jara Velásquez, ha anunciado que el pedido es parte de su trabajo y que tendrá ámbito nacional e internacional, así como afectará también a varios ex ministros del régimen anterior.

Las investigaciones también afectaran a alcaldes provinciales, presidentes regionales y funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la ejecución de las obras de rehabilitación y, sobre todo, el manejo de recursos para esa labor.

Hace cuatro años un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Richter arrasó la costa del sur de Perú y causó un tsunami, que se cobró la vida de 500 personas. Las ciudades más afectadas fueron Ica, Pisco y Chincha, y se cree que el ex mandatario se quedó con fondos destinados a la reconstrucción de la primera ciudad.

García fue presidente del país andino en dos mandatos no consecutivos. En el primero, entre 1985 y 1990, se le acusó de por diversos actos de corrupción que provocaron que en 1991 fuera retirado temporalmente del Senado para llevarle a cabo una investigación. Una vez que se instauró en el país una crisis constitucional en 1992, García escapó hacia Colombia y Francia aduciendo una persecución política hacia su persona por parte del régimen de Alberto Fujimori. Los delitos de cuales fue acusado prescribieron, aunque nunca fue declarado inocente.

En su segundo mandato 2006-2011 volvieron los rumores de corrupción, aunque su gestión fue aprobada aproximadamente por el 46,2% de los peruanos.

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