La deforestación en Brasil avanza a pasos agigantados: según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, con respecto al año pasado, la destrucción de árboles en el Mato Grosso se ha multiplicado por seis. Los datos llegan en una semana en la que el Congreso debate una ley, impulsada por los diputados defensores de la industria agropecuaria, que reduce las zonas a preservar por los agricultores, o “reservas legales”, y que los ecologistas consideran un impulso a la deforestación. La deforestación en Brasil avanza a pasos agigantados: según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, con respecto al año pasado, la destrucción de árboles en el Mato Grosso se ha multiplicado por seis. Los datos llegan en una semana en la que el Congreso debate una ley, impulsada por los diputados defensores de la industria agropecuaria, que reduce las zonas a preservar por los agricultores, o “reservas legales”, y que los ecologistas consideran un impulso a la deforestación.
La ley supone una reforma del Código Forestal de 1965, y avalaría la reducción de las zonas protegidas en los márgenes de los ríos de 30 a 15 metros. Hasta ahora, las leyes obligan a los agricultores a mantener una reserva legal de selva en sus tierras, una reserva que varía según la zona entre un 20% (en el sur del país) y un 80% (en la selva amazónica). Sin embargo, la reforma prevé una reducción de esos cupos, lo que ha enfurecido a las asociaciones ecologistas. Por si fuera poco, el proyecto también prevé dar la amnistía a los agricultores que ocuparon tierras de manera ilegal entre 1998 y 2008.
En Sao Paolo los movimientos ecologistas han congregado a un millar de personas para protestar por la posible aprobación de la ley, que previsiblemente será debatida mañana. A la manifestación acudió la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, quien anunció que prepara una carta de rechazo al proyecto que planea enviar a la presidenta brasileña, Dilma Roussef, con el apoyo de otros ex ministros del mismo campo. El objetivo de Silva: evitar que «los avances de la legislación ambiental de los últimos 20 años sean destruidos», tal y como declaró.
La semana pasada la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciaba la creación de un gabinete de crisis para atajar el proceso de deforestación. “La determinación del Gobierno es atajar con todos los medios a nuestra disposición la destrucción de la Amazonia. Pondremos a actuar hasta al Ejército. Todo el Gobierno federal va a estar concentrado en el combate contra el crimen ambiental”, afirmó.
Una actitud que contrasta con el debate de una reforma que pretende favorecer la producción de productos agrícolas como la soja, que ha aumentado su recogida este año un 7,2%, cuyos números aumentan mientras crece la deforestación. La ley está impulsada por la llamada “bancada ruralista”, que protege los intereses de empresarios y agricultores agropecuarios y ganaderos, que desean más espacio para sus actividades y que afirman que el crecimiento de Brasil requiere de una relajación en las actuales normas ambientales.
Según los últimos datos, la deforestación de la selva amazónica brasileña del Mato Grosso aumentó en marzo y abril a 593 kilómetros cuadrados, mientras que en el mismo periodo del año pasado lo hizo 103,5 kilómetros cuadrados.
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