El oficialismo argentino retomará en las próximas semanas el plan de ley según el cual el 10% de los beneficios de las empresas con más de 300 empleados sería repartido entre los trabajadores. La propuesta, que parte del sindicato kirchnerista, la Confederación General de Trabajadores (CGT), y que contará con un dictamen de asesores en los próximos 20 días, debe ser estudiada y votada en la Asamblea Nacional. El oficialismo argentino retomará en las próximas semanas el plan de ley según el cual el 10% de los beneficios de las empresas con más de 300 empleados sería repartido entre los trabajadores. La propuesta, que parte del sindicato kirchnerista, la Confederación General de Trabajadores (CGT), y que contará con un dictamen de asesores en los próximos 20 días, debe ser estudiada y votada en la Asamblea Nacional.
Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria y asesor de la CGT, ha asegurado que el dictamen de los asesores estará listo próximamente. En no más de 30 días, el proyecto de ley podría ser llevado al congreso para su estudio y votación. De entrar en vigor finalmente, vendría a cubrir una solicitud creciente en Argentina, que las empresas grandes compartan una parte de sus beneficios con los trabajadores.
El plan presentado especifica que aquellas compañías con más de 300 trabajadores estarían obligadas a repartir el 10% de sus beneficios entre los empleados. A fines del año pasado, la Comisión de Legislación del Trabajo convocó a los sectores empresariales para que presentaran sus críticas al proyecto, pero declinaron la invitación al considerar que el proyecto ya se había elaborado.
Recalde, autor de la iniciativa que impulsa la CGT, consideró que «el proyecto puede ser sancionado este año. Vamos a poner empeño para eso. Es interesante dar ese debate ahora, para que la ciudadanía sepa quién es quién en un año electoral». Además de la propuesta de reparto de beneficios, se creará el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, integrado por doce miembros: cuatro representantes del Estado, cuatro de la CGT y otros cuatro de las empresas.
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