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Cristina Fernández descarta, por ahora, hacer caja con las participaciones en empresas privadas del Estado argentino

El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández, ha reiterado que no venderá las acciones que el Estado posee en algunas empresas del país. Con este anuncio el gobierno argentino pretende enviar el mensaje de que no es un buen momento para vender, ya que el mercado del país es muy pequeño y no existe una corriente inversora que demande títulos públicos, según han afirmado analistas financieros consultados por Americaeconomica-com. El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández, ha reiterado que no venderá las acciones que el Estado posee en algunas empresas del país. Con este anuncio el gobierno argentino pretende enviar el mensaje de que no es un buen momento para vender, ya que el mercado del país es muy pequeño y no existe una corriente inversora que demande títulos públicos, según han afirmado analistas financieros consultados por Americaeconomica-com.

El Ministro de Economía, Amado Boudou, ha anunciado una vez más que no tienen planes de vender las acciones que la Administración Nacional de la Seguridad Social posee en empresas locales, ya que esto dañaría los intereses del Estado y de las empresas.

Rafael Aldazábal, presidente del intermediario financiero argentino Aldazábal, ha declarado a Americaeconomica.com que los títulos públicos son “imposibles de vender por la situación política y económica del país”. Argentina, dice, está mal calificada tanto en el mercado internacional como entre los inversores argentinos. Esto hace que la deuda pública tenga unos precios muy bajos, y además no existe una demanda por parte de los inversores. Siempre hay excepciones, como las empresas Tenaris o Siderar, pero por lo general no es un buen momento para vender.

Aunque, como dice Aldazábal, “si el gobierno pudiera vender lo haría, porque ayudaría tener ese dinero en efectivo”.

Analistas financieros consultados opinan que lo que está sucediendo con la Administración Nacional de la Seguridad Social no preocupa especialmente a los argentinos. Sobre todo hasta que no salgan a la venta estas acciones en diez empresas del país, el asunto afecta a la confianza en el mercado del país pero no a la Bolsa.

El país tiene en estos momentos, según los expertos financieros, dos problemas con la Anses. En primer lugar, se está pagando a los jubilados unas cifras muy bajas. La mayoría cobra la cantidad mínima, que es de 900 pesos (182 euros). Esto tiene el origen en que el Estado ha gastado los fondos de jubilación, según los analistas consultados.

En el Congreso, un problema tan grande como este está siendo polarizado para que se pague un 82% móvil, una medida que es imposible de poner en práctica. Es una propuesta de ley que el Estado se verá obligado a vetar.

Por otro lado, se encuentra el asunto del sistema de aportes voluntarios de la Seguridad Social. Los fondos de jubilación en Argentina se basaban de una parte en los aportes obligatorios, que todo ciudadano debía hacer, y por otra en los aportes voluntarios, cuya cantidad era una cifra que se sumaba al monto recibido durante la jubilación. Había incluso muchas empresas que tenían este aporte voluntario como forma de premiar e incentivar a su personal. La suma de estos aportes voluntarios fue expropiada por parte del Estado para financiar sus deudas.

Pero es la economía privada del país la que tiene buenos resultados. Según los expertos, la diferencia entre ésta y la economía pública es la calidad de la gestión. La base de la economía privada del país es el mercado agropecuario, que es muy rentable ya que tiene muchas ventas y unos precios productivos bajos, lo que repercute en el sector privado en general. Los analistas opinan que mientras los cereales tengan los precios que tienen, la economía argentina irá bien.

Lo que realmente preocupa a los argentinos es el debate que está teniendo lugar en el Congreso sobre los superpoderes del poder ejecutivo, que desde 1994 tiene capacidad de manejar bajo su criterio el presupuesto nacional. El 24 de agosto termina el plazo puesto entonces por el Congreso, y si no se renueva supondrá que la Administración Pública se maneje con más transparencia y seriedad.

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