El Gobierno argentino ha enterrado todas las medidas que lanzó Axel Kicillof, el viceministro de Economía considerado como el ‘delfín’ de Cristina F. de Kirchner, para el mercado del biodiesel y se ha visto obligado a aumentar los precios. El Gobierno argentino ha enterrado todas las medidas que lanzó Axel Kicillof, el viceministro de Economía considerado como el ‘delfín’ de Cristina F. de Kirchner, para el mercado del biodiesel y se ha visto obligado a aumentar los precios.
La Casa Rosada se ha visto obligada a reformular las reglas del juego que había anunciado hace solo tres meses para el mercado de los biocombustibles. Esta es la tercera modificación que ha sufrido el mercado desde el pasado mes de agosto, cuando Kicillof anunció una rebaja del 15% en el precio interno de la tonelada de combustible y un aumento de las retenciones a la exportación desde el 14% hasta el 24%.
El objetivo del economista líder de ‘La Cámpora’ era favorecer a la entonces recientemente nacionalizada YPF mediante un recorte en sus costes. Sin embargo, estas medidas han provocado una crisis sin precedente entre las pymes productoras del combustible, ya que el coste de mantener en funcionamiento sus plantas de refino era superior a los precios internos.
El rechazo que cosechó la decisión obligó Gobierno a elevar el precio de la tonelada. También estableció un esquema móvil para las retenciones, con una actualización quincenal.
Según la prensa argentina, estos vaivenes en el mercado del biodiesel han sido la consecuencia de la pelea que mantiene el revitalizado ministro de Planificación, Julio De Vido, y Kicillof. El primero fue uno de los principales impulsores del negocio. En 2005, esa industria era inexistente, pero siete años después había logrado atraer inversiones por más de 1.000 millones de dólares.
Por este motivo, los cambios planteados por el viceministro de Economía no sentaron nada bien en el seno del ministerio de Planificación.
Según recoge el diario La Nación, las cámaras empresarias que representan al sector aseguran que los cambios que se aplicaron fueron una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner.
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