El gobierno costarricense ha decidido no hacer caso a las medidas que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), ha emitido contra la construcción de una carretera en la frontera con Nicaragua. Costa Rica desoye las medidas cautelares que le había impuesto este órgano de justicia para la paralización de las obras. El gobierno costarricense ha decidido no hacer caso a las medidas que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), ha emitido contra la construcción de una carretera en la frontera con Nicaragua. Costa Rica desoye las medidas cautelares que le había impuesto este órgano de justicia para la paralización de las obras.
La paralización que reclama la CCJ es debida a los condicionantes medioambientales negativos que según los nicaragüenses, se estaban ocasionando en la zona. El Gobierno de Costa Rica, que preside Laura Chinchilla, ha asegurado que no acatará la orden de detención de las obras del vial.
El dictamen que publicó la Corte ayer, indicaba la suspensión inmediata de una carretera de 120 kilómetros paralela a la frontera con Nicaragua. En concreto, este vial estará junto al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense.
Por su parte el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, ha declarado ante la cadena ADN que el Estado no reconoce a la Corte y que sus acciones han sido abusivas pretendiendo imponer un poder que no tienen sobre un país soberano. El canciller ha señalado que no harán caso a esas decisiones judiciales y sí a la Corte Internacional de Justicia, cuyos dictámenes sí serán adoptados y aceptados por el país que preside.
