La Corte Suprema de Brasil ha enviado hoy a la Cámara de Diputados la denuncia del procurador general, Rodrigo Janot. Se trata del paso que da comienzo al proceso por el que los parlamentarios deberán juzgar si procede juzgar al primer presidente de su historia denunciado por corrupción. La Corte Suprema de Brasil ha enviado hoy a la Cámara de Diputados del país carioca la denuncia del procurador general de la República, Rodrigo Janot, que esta semana denunció al presidente no electo, Michel Temer, por un supuesto delito de corrupción pasiva.
Se trata del paso que da comienzo al proceso por el que los parlamentarios deberán juzgar si procede, o no, juzgar al primer presidente en la historia de Brasil denunciado por corrupción. Es decir, si aceptan como válidas las acusaciones contra Temer basadas en las revelaciones y grabaciones aportadas a la Justicia brasileñas por varios ejecutivos del gigante cárnico JBS, quiénes acusaron al presidente no electo de recibir sobornos desde 2010 a cambio de consentir posibles delitos.
El ministro de la Corte Suprema Edson Fachin, ha optado por iniciar el proceso lo antes posible después de que los abogados de Temer hayan solicitado tramitarlo de forma expeditiva al argumentar razones de Estado. Se trataría de obtener lo antes posible un fallo para evitar, así, que la inestabilidad del Gobierno se extienda en el tiempo, argumentan desde la defensa del Jefe de Estado.
Una argumentación que implícitamente asocia la estabilidad del Estado a la exoneración del gobernante. Con todo, pese a que se espera que, ya esta misma tarde, la pieza judicial sea leída en el Senado y remitida a la Comisión de Constitución y justicia de la Cámara Baja; el proceso se alargará inevitablemente durante al menos unas semans.
Y es que, una vez cumplidos estos trámites, es probable que las audiencias y deliveraciones de dicha Comisión se extiendan al menos durante mes y medio. Posteriormente, la comisión decidirá si aceptar, o no, la denuncia y la respuesta final aún la habría de dar el conjunto de Diputados por una mayoría de dos tercios.
Esto significa que basta con que 170 diputados, sobre un total de 511, opten por salvar a Temer para que la denuncia sería archivada. Es así que, pese a la cada vez mayor animadversión hacia el presidente no electo, cuyos índices de popularidad están en mínimos históricos, éste podría salir airoso.
No en vano, la correlación de fuerzas en la Cámara todavía no le resulta a Temer tan desfavorable como la social. Un factor que, por ejemplo, le ha permitido que la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado brasileño sacase ayer adelante su polémtico proyecto de reforma laboral.
Con 16 votos frente a nueve, más una abstención, el proyecto, que abre la puerta a una flexibilización del mercado de trabajo, debe ser ahora valorado por el plenario de la Cámara Alta, donde requiere mayoría simple para ser aprobado. Así las cosas, el transcurrir legislativo brasileño avanza con cierta normalidad, pese a un clima político de excepcionalidad que aumenta la desafección ciudadana.
