En un comunicado de prensa, la multinacional minera responde que evaluará las repercusiones e impactos en el negocio para tomar las decisiones pertinentes y alerta de que podrían generarse perjuicios laborales, sociales y patrimoniales de todo orden.
La Contraloría General de la República de Colombia ha dictaminado que la mina Cerro Matoso, considerada la mayor de sudamerica y operada por la multinacional angloaustraliana BHP Billiton, le adeuda al Estado colombiano más de 170.000 millones de pesos, correspondientes a unos 58 millones de dólares.
Esta cantidad procedería de regalías dejadas de pagar entre los años 1998 y 2003 y entre 2007 y 2012; de tal forma que en el primer periodo, la cantidad ascendería a cerca de 48.000 millones de pesos, y, de 2007 a 2012, la deuda alcanzaría los restantes 120.000 millones de pesos. Todo ello, sin incluir los intereses de ambas obligaciones.
La Contraloría del país cafetero ha explicado que ese menor valor pagado se habría debido a «la aplicación defectuosa de los costos deducibles en la determinación» y al «pago de las regalías correspondientes a la explotación de níquel en varios contratos».
Unas conclusiones a las que la Contraloría ha llegado a partir de la información proporcionada por la Agencia Nacional Minera (ANM). Por todo ello, casi 20 años después del inicio de estas obligaciones, las instituciones colombianas han emitido una Resolución a través de la propia ANM mediante la cual declara las obligaciones económicas por dichas cantidades a cargo de la sociedad Cerro Matoso S.A.
Ante ello, en un comunicado de prensa, la empresa minera ha señalado que «a juicio de Cerro Matoso, el procedimiento de la ANM es irregular teniendo en cuenta que la Agencia no tiene elementos para soportar un cobro coactivo, ya que hasta la fecha no existe obligación exigible a la compañía, hasta que un juez así lo declare».
Además, añade que considera que la resolución resulta «improcedente ya que los cobros que pretenden hacer son sobre unas concesiones terminadas sobre los que la Agencia perdió total competencia para hacer cualquier tipo de cobro unilateral, y finalmente es legalmente inválido por el principio de la irretroactividad de la ley».
Finalmente, explica que «en consecuencia, la compañía ha procedido a tomar y tomará todas las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses y de la protección de una certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país. De igual manera, la compañía evaluará las repercusiones e impactos en el negocio para tomar las decisiones pertinentes teniendo en cuenta que, si dentro del proceso coactivo la Agencia llega a tomar medidas tendientes a paralizar la operación de Cerro Matoso, el Estado colombiano deberá enfrentar los perjuicios laborales, sociales y patrimoniales de todo orden que esta situación pueda llegar a generar».
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