La agencia antimonopolio de Brasil abre una investigación a 11 compañías acusadas de colusión en el sector del gas licuado del petróleo (GLP) La agencia antimonopolio de Brasil ha abierto una investigación a 11 compañías acusadas de colusión para fijar los precios del gas licuado del petróleo (GLP) y repartirse a los clientes en los estados del noreste del país, según recoge la agencia Reuters a partir de un comunicado del regulador del Gobierno con sede en Brasilia, el Consejo Administrativo de Defensa Eonómica (CADE).
Aunque esta agencia no ha señaldo el monto que los consumidores habrían perdido con este esquema fraudulento, si ha acusado a las compañías de intercambiar información e imponer restricciones a los distribuidores a fin de «promover una regulación artificial del mercado y facilitar el funcionamiento de presuntos carteles».
Una noticia que se suma al escándalo en que está sumida la empresa estatal Petrobrás como elemento central de una supuesta trama de sobornos que involucraría a la práctica totalidad de la clase política brasileña. Sin embargo, aunque esta investigación tiene su origen en dicha trama, esta vez las ramificaciones se extienden a lo largo del sector del gas licuado.
Así, según recoge Reuters, aunque la investigación en curso afecta a la unidad del sector la petrolera estatal, Liquigás Distribuidora; también lo están empresas como Ultragaz, subsidiaria de Ultrapar, Minasgás o Supergasbras. De hecho, según informa la agencia, al menos ejecutivos de estas dos últimas, habrían contribuído a las investigaciones tras llegar a acuerdos de delación con el CADE.
Y es que las sospechas sobre la existencia de un cartel en el mercado de GLP ya surgieron en 2009 cuando el regulador de la industria petrolera, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP), presentó una denuncia, a la que le siguieron investigaciones que incluyeron registros y allanamientos de las diferentes sedes corporativas.
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